Cristina Kirchner no esperó ni 15 horas para promulgar la ley que modificó el domicilio de pago a bonistas que ingresaron al canje. Anoche firmó la ejecución de la norma sancionada por la Cámara de Diputados ese mismo jueves por la madrugada y este viernes fue publicado por el Boletín Oficial.

Fiel a su estilo, la Presidenta anunció la medida en medio de aplausos y vítores en la Casa Rosada para alimentar la epopeya antibuitre.

"Es un día muy especial", arrancó. La mandataria aprovechó el acto donde presentó el nuevo plan del Gobierno con el que se financiarán compras en cuotas sin interés para incentivar el consumo, y elogió la ley aprobada por el Congreso. "Significa que Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas", se enorhulleció.

"No sólo asegura el pago al 92,4% de acreedores que confiaron en la Argentina y aceptaron el canje sino también contempla los intereses de los tenedores que no ingresaron, ya que se les va a depositar lo que corresponde a esos bonos", explicó ante la mirada antenta del ministro de Economía, Axel Kicillof.

"A mí me tocó vivir no como Presidenta de la República sino como senadora sentada en mi banca un 31 de diciembre con un Parlamento que aplaudió el default, cuando se anunció que no se iba a pagar la deuda externa", siguió en el tramo más jugoso de sus explicaciones y luego vino el giro: "Estamos en una situación inversa, a 180 grados de aquel momento. Ahora el Parlamento argentino asegura el pago y la Presidenta promulga la ley que lo garantiza".

Con la firma del decreto casi en tiempo récord para reforzar los aires de urgencia, el Gobierno activó realmente el cronograma de cambio de jurisdicción, con salida de Nueva York y cualquier otro territorio donde llegue el brazo del juez Thomas Griesa, para intentar demostrar la intención de pago a los bonistas reestructurados. 

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a remover al Bank of New York (BoNY) como agente fiduciario contratado por decreto para el pago a bonistas en el canje de 2005. El primer paso, entonces, será darle forma legal a esa rescisión de contrato que, de acuerdo con la misma ley, se hará por incumplimiento de las obligaciones del BoNY, lo que según los dirigentes opositores no libra al país de futuros juicios que pueda hacerle esa entidad al país por la ruptura contractual.

Tras ese paso, el Gobierno debe comunicarle a los bonistas que el BoNY ya no es el pagador. En medio de esa operación, el Gobierno debe nombrar a Nación Fideicomisos como nuevo agente de pago. Para eso se creará una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central con el nombre de "Fondo Ley - Pago Soberano de Deuda Reestructurada". En esa cuenta se autoriza al Poder Ejecutivo a depositar las divisas correspondientes a cada vencimiento de bonos. Allí es donde depositarán el vencimiento de bono Par en dólares que opera el 30 de septiembre. Son u$s200 millones que, mientras estén allí depositados rendirán una tasa del 7% anual, impensable en cualquier otra jurisdicción.

Al mismo tiempo, los tenedores de bonos que ingresaron al canje que no acepten el pago en Buenos Aires, podrán designar desde este viernes a un nuevo agente fiduciario que garantice "un canal de cobro", alejado de la jurisdicción en la que pueda actuar el juez Griesa, explica Ambito Financiero.

También se dispone facultar al Gobierno para que vuelva a ofrecer el canje a los holdouts obviamente en las mismas condiciones que en 2005-2010.

Ese cronograma de mudanza del domicilio de pago de la deuda desde Nueva York genera dudas y amplifica la idea que el Gobierno no tiene intenciones de modificar su oferta a los buitres después de diciembre, lo que prolongaría el default sin fecha.

Pero no es lo único que inquieta a algunos dirigentes opositores. Les preocupa que la nueva norma pueda generar nuevos litigios con los bonistas que sí entraron en la reestructuración de deuda.

"En el contrato con los bonistas se establece que el agente fiduciario esté radicado en Manhattan o Columbia, lo que no sucede con Nación Fideicomisos, que tampoco reúne el capital mínimo de u$s50 millones que se le exige", advirtió el radical Enrique Vaquié durante el debate en Diputados. "A diciembre pasado, el Nación sólo tenía un capital de u$s14 millones", apuntó.

En esta misma línea, el ex ministro de Economía ahora opositor desde Suma+, Martín Lousteau, alertó que la remoción del Banco de Nueva York como agente fiduciario "podría detonar un nuevo default por decisión de este Congreso", ya que los bonistas reestructurados no podrán cobrar sus acreencias. "El Nación Fideicomisos no cumple con las condiciones contractuales", explicó.