El Gobierno confirmó en las últimas horas que irá por una reforma integral del sistema previsional.

El secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, lo adelantó el jueves al encabezar una nueva reunión de la Comisión de Seguridad Social del Consejo del Salario, convocada a las 10 en la sede de Alem del Ministerio de Trabajo. Frente a representantes sindicales de CGT y CTA, el funcionario afirmó que "hay que revisar toda la ley previsional", según pudo saber iProfesional.

La convocatoria tuvo lugar en la antesala de los anuncios que realizará Mauricio Macri el próximo lunes en el Centro Cultural Kirchner frente a un auditorio de empresarios, sindicalistas, jefes de los bloques legislativos, integrantes de la Corte, representantes de las universidades y otros dirigentes. Allí presentará reformas económicas, políticas, educativas e institucionales. La previsional podría ser una de ellas.

Fortalecido por un 42% de los votos, el Gobierno evalúa por estas horas modificar las leyes en materia de seguridad social, cambios que podrían alcanzar a la edad jubilatoria, el índice de movilidad y hasta el sistema de reparto.

Entre los argumentos expuestos este jueves en la cartera laboral se mencionó "el aumento de la esperanza de vida" y el objetivo número uno de reducir el déficit fiscal, lo que fue leído por los sindicalistas como un guiño al aumento de la edad jubilatoria.

Macri explicó el lunes pasado que los cambios que se definan están previstos "en la ley de reparación histórica que deberá llevar adelante el Congreso de la nación antes del 2019 para tener un sistema previsional del siglo XXI". Una de las "mejoras sucesivas" que se barajan, tal como adelantó en su momento el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, es la "opción voluntaria" para extender la edad para jubilarse en el caso de quienes no completan los 30 años de aporte.

La ley de movilidad jubilatoria también estaría bajo la mira oficial. Se trata del índice que establece dos aumentos anuales de haberes a partir de una fórmula que tiene en cuenta la recaudación y el índice de salarios medido por el INDEC o el Ministerio de Trabajo.

Paulucci describió una "recuperación" de los haberes con el nuevo índice puesto en marcha en 2008, cuya fórmula sigue siendo hoy un secreto guardado bajo siete llaves por la ANSES. Pero se mostró preocupado por la "distorsión hacia arriba" de los incrementos.

Al repasar los parámetros de actualización de los últimos 30 años, el funcionario y sus asesores criticaron la elevada "litigiosidad" por los juicios contra el Estado, en los que la Corte terminó por reconocer valores superiores a la variación salarial promedio.

La reparación sancionada en julio de 2016 apunta justamente a evitar los litigios con el pago de las deudas previsionales a quienes hayan o no iniciado juicios por la mala liquidación de sus haberes.

Con todo, el secretario de seguridad social planteó como un problema el caso teórico del trabajador con un salario medio estable con 30 años de aportes que percibe un haber del 60% de su ingreso en actividad. En las cuentas oficiales ese nivel de prestaciones conspira contra la "sustentabilidad" del sistema. Hoy hay por cada jubilado hay 1,3 trabajadores activos. Una relación sostenible sería que por cada jubilado haya 3 aportantes.

El diagnóstico del Ministerio de Trabajo inquietó a la comitiva sindical integrada por dirigentes de segunda línea de ATE Capital, Luz y Fuerza y la Asociación de Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), por lo que a continuación le preguntaron al funcionario si preveían modificar la ley de movilidad. "Este no es el ámbito para discutirlo", interrumpió el funcionario, sin despejar las dudas ni negar eventuales cambios.

La fómula de actualización de las jubilaciones desató una tormenta política en febrero pasado, cuando el Gobierno modificó la reglamentación de la ley de movilidad, que implicaba un aumento 0,3% menor a la suba del 12,95% prevista por la normativa y un perjuicio hacia los jubilados y beneficiarios de las Asignaciones Familiares de unos $3.000 millones anuales.

Luego de la fuerte reacción de la oposición y las críticas de Elisa Carrio, Mauricio Macri pidió "disculpas" y dio marcha atrás con los cambios. Ahora está por verse.

"El Gobierno decidió dar marcha atrás en aquel entonces, pero ahora aspira a una reforma estructural que significaría un retroceso en materia de derechos y que generaría jubilados de primera y de segunda, incorporando otra vez el pilar del ahorro individual", señaló ATE Capital en un comunicado difundido el jueves por la noche.

Por la tarde, las autoridades le bajaron el tono a la audiencia mantenida este jueves. Señalaron que el motivo de la convocatoria fue el problema de la litigiosidad, antes que la reforma jubilatoria, cuyo tratamiento depende de la comisión de fortalecimiento de previsión social, prevista por la ley de reparación histórica.

Para la parte sindical, en cambio, el planteo de los funcionarios confirmó sus sospechas de que el Gobierno busca una "reforma estructural", con eje en la ley de movilidad y el marco regulatorio de la seguridad social. Y que la baja en los aportes patronales para salarios bajos que analiza el oficialismo en el marco de una reforma laboral consensuada con la CGT no haría más que incrementar la presión en esa dirección, al reducir aún más la recaudación.