El paquete de reformas lanzado por el Gobierno sumergió a la cúpula de la CGT en un clima de deliberación.

Los cambios en materia laboral que abaratan el costo de contratación junto con un nuevo índice de actualización de las jubilaciones y baja de aportes patronales generaron poco entusiasmo entre los sindicalistas, pero sin despertar por ahora un rechazo generalizado.

Uno de los pocos beneficios que obtendrá la CGT en las negociaciones es la reducción de la cantidad de sindicatos y la fusión de las obras sociales, dos medidas que tienden a concentrar el monopolio sindical.

El primer punto figura en el artículo 120 de la reforma laboral que autoriza al Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, a actualizar el registro de asociaciones sindicales. La idea es dar de baja entre 600 y 800 sindicatos sin actividad en los últimos cinco años.

“Los sindicatos que son sello de goma y no tuvieron actividad los damos de baja”, confirmaron cerca de Triaca.

La medida fue adelantada por Mauricio Macri el lunes durante el acto en el que lanzó un abánico de reformas, incluida la previsional y la tributaria. “No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos y solo 600 firmen paritarias anuales”, disparó.

Hoy existen 3.200 sindicatos reconocidos por las autoridades. Del total, la mitad goza de la personería gremial, que habilita a negociar paritarias, mientras que la otra mitad solo posee la simple inscripción gremial. 

Sin embargo, la menor cantidad de paritarias no responde a una supuesta inactividad sino a que las federaciones agrupan bajo un mismo convenio hasta 150 organizaciones de base. Ese es el caso de Camioneros, empleados de comercio, docentes y municipales.

El objetivo oficial es avanzar sobre las entidades que no cumplen la Ley de Asociaciones Sindicales. Ya sea porque no realizaron elecciones, carecen de autoridades reconocidas por Trabajo o no presentaron memoria y balance. El Gobierno les dará ahora un plazo de 30 días para regularizar su situación.

A los sindicatos que tienen personería, Trabajo los obligará a presentar los trámites de cero para recuperar su status, mientras que en los otros casos “los bajamos de una”, aseguran en Alem.

En el último grupo entrarían los metrodelegados. En marzo pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le quitó la personería gremial que le había otorgado el gobierno anterior hacia el final de su mandato, un fallo celebrado por el macrismo.

Respecto a las obras sociales, la idea es retomar un viejo proyecto del Banco Mundial de la época de Domingo Cavallo que proponía la fusión de las prestadoras de pocos afiliados con las de mayor recaudación bajo el argumento de evitar su eventual quiebra frente a tratamienos costosos.

Uno de los caminos posibles es una suerte de triangulación por la cual el afiliado de un gremio puede utilizar los servicios de otra obra social, a la que luego mediante un clearing bancario se le reestituye el pago por las prestaciones ofrecidas.

En su discurso del lunes, Macri también cuestionó la cantidad de obras sociales.

“Hay 280, de las cuales solo 40 representan el 70% de los afiliados, mientras que 240 representan solo el 30%. Llama la atención”, sostuvo. Y a continuación criticó el carácter “desigual” del sistema de seguridad social y expresó su deseo de que las prestadoras estén “bien administradas”.

Para ello, la Superintendencia analiza poner el ojo en el gasto administrativo promedio, que por ley no debe superar el 7% de la recaudación. Las entidades de menor estructura no cumplirían con ese requisito.

Luz amarillaEn la CGT ven con buenos ojos toda medida que consolide su poder sindical y los mantenga a salvo de una reforma a la brasileña. El mayor temor en Azopardo era que se habilitara el desfinanciamiento de los gremios y la negociación individual, como ocurrió en el país vecino. 

Pero a diferencia de Brasil la reforma laboral de Macri mantiene el modelo sindical argentino, sostenido en gremios y convenios por actividad. Ese fue el acuerdo clave entre Triaca y la cúpula sindical que podría permitir el avance de buena parte de los lineamientos presentados el lunes.

“Si se reduce la cantidad de obra sociales y sindicatos, beneficiaría a los grandes gremios porque tiende al monopolio", reconoció uno de los abogados de la central obrera que el lunes por la tarde se sentó en el Ministerio de Trabajo para recibir el borrador de la reforma laboral.

Con todo, en la central dudan de que la cartera pueda anular gremios con resoluciones administrativas, sin ningún otro paso previo.

Es que antes de tomar una medida así los funcionarios deben primero intimar a las entidades sindicales a cumplir la normativa. Caso contrario, la disputa se traslada a la Justicia laboral, la instancia que en los últimos años le ordenó al Ejecutivo a través de sus fallos el reconocimiento de nuevos sindicatos.

Allí también Macri tiene puesta la mira, tal como lo reconoció el lunes al apuntar en contra la “mafia” de los abogados y jueces que según el Presidente alientan la litigiosidad.

Las novedades se conocerán recién la semana próxima, cuando las anuncie el ministro de Trabajo, luego de recibir los aportes del sindicalismo al proyecto de reforma laboral.

Por estas horas, los abogados de la CGT analizan los 145 artículos que, en lugar de ir sector por sector como había anunciado el Gobierno, introducen fuertes cambios en la legislación, reclamados por el empresariado y algunos en sintonía con la reforma brasileña.

Sin contar la extensión de licencias, en la central obrera reconocen por lo bajo que los cambios no los benefician en nada. 

Ese es el caso de la condonación de deudas a las empresas que blanquean trabajadores, la baja generalizada de aportes patronales en cinco años hasta alcanzar un valor de $10.000 netos por sueldo, la reducción de las indemnizaciones y modalidades flexibles de contratación.

También alegan que el supuesto borrador en realidad es un anteproyecto de ley, listo para ser enviado al Congreso. "La idea es que tiran veinte cosas para que pasen tres, si quieren vencedores y vencidos va a haber problemas", dijo uno de los abogados de la CGT.

Pero hasta el momento la dirigencia gremial adoptó una actitud cautelosa. Los letrados de la confederación creen que se puedo llegar a un acuerdo: "este proyecto puede alcanzar un equilibrio".

Menos conciliadora, la Asociación de Abogados Laboralistas salió con los tapones de punta contra la reforma, por considerar que “arrasa” con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social.

En un comunicado difundido el martes destacaron que “extiende de modo exponencial la tercerización, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la fraudulenta figura del trabajado autónomo económica dependiente y reduce la indemnización por despido”.

La entidad alertó que el proyecto habilita a los sindicatos a negociar a la baja, la ampliación de la jornada de trabajo, eliminando el pago de horas extras; como asímismo, la sustitución del pago de indemnización por despido que le corresponde al empleador por un “fondo de cese de empleo”.