El líder camionero Hugo Moyano fue denunciado por diferentes maniobras de evasión y lavado a través de la empresa Organización Coordinadora Argentina SRL (OCA), aunque dos jueces se negaron a llevar adelante las investigaciones.

El juez en lo penal económico Rafael Caputo recibió la denuncia de la PROCELAC, la unidad fiscal que combate el lavado de dinero, pero el magistrado se declaró incompetente porque casos conexos estaban radicados con anterioridad en el juzgado de su colega Javier López Biscayart, según informó TN.

El problema es que López Biscayart también se había declarado incompetente, así que el Tribunal en lo Penal Económico debe encontrar otro magistrado que dirija investigación.

La denuncia de la PROCELAC recurre a informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios, efectuados por una red de empresas, en parte denominado "GRUPO RHUO".

Estas firmas "conformarían un complejo entramado societario a través del cual habría circulado un volumen de fondos significativo, principalmente a partir del año 2008, cuyo origen podría ser ilícito, en particular por evasión de impuestos y otros aportes al fisco, al menos de acuerdo con la información con la que se cuenta hasta el momento".

Estas compañías se dedican a diferentes rubros, desde selección y contratación de recursos humanos, hasta obras públicas y civiles, hasta seguridad privada. Pero el informe de la UIF destaca que "registrarían numerosos y llamativos movimientos de fondos entre sí, detectándose incluso que en determinados casos la única fuente de ingresos habría sido una serie de transferencias provenientes de sociedades vinculadas".

Además, la denuncia destaca "los estrechos vínculos comerciales e incluso personales" entre Patricio Farcuh, dueño de OCA, y Hugo y Pablo Moyano, representantes de los sindicatos que le pagaron servicios al correo privado y al resto de las empresas.