Un operativo judicial se realizó este martes en la sede de la obra social del Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en el barrio porteño de Constitución y se secuestró documentación solicitada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la denuncia de la diputada Graciela Ocaña por presunta administracion fraudulenta del servicio de salud que presta el gremio.

"Simplemente llegó un oficio de Bonadio pidiendo documentación y ya se llevaron todo el material", sostuvo el abogado de la familia Moyano, Daniel Llermanos, quien así negó las primeras versiones que indicaban que se habían realizado allanamientos para secuestrar los libros contables de la obra social del gremio.

El letrado sostuvo que la documentación entregada es en el marco de la denuncia de Ocaña "diciendo que la obra social de Camioneros sería deficitaria por una mala administración", pero aclaró: "Nosotros ya aclaramos que el pasivo que sufre la obra social es responsabilidad del Estado Nacional que retiene los fondos".

"El Estado Nacional retiene los fondos hace muchísimos meses ilegalmente y en segundo término está lo de (la empresa de correo privada) OCA, que le debe $800 millones a la obra social. Son $2.300 millones que le deben entre el Estado y OCA", señaló Llermanos al salir al cruce de la denuncia de Ocaña.

En ese sentido, aclaró además que los papeles que pidió Bonadio fueron sólo por esa denuncia y no por la de presunto lavado de dinero por la compra que hizo Camioneros de un terreno en La Falda, Córdoba, como había trascendido.

"Ya la contestamos también (a esa denuncia). Camioneros compró un terreno con plata en blanco, entonces ¿cómo va a haber lavado de dinero?", señaló Llermanos, quien asó desestimó la presentación realizada tiempo atrás por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano por "una operación de compra-venta de inmuebles que en tres meses pasaron de valer $300.000 a $500.000 y que el sindicato pagó a $6 millones", según indicó el denunciante.