Entre las protestas de los docentes por la falta de acuerdo en sus paritarias y las medidas de fuerza que viene adoptando el personal del Estado, otro conflicto que promete generar una fuerte polémica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires pasó casi inadvertido.

Incluso, a pesar de que los protagonistas son de gran porte. Por un lado, un importante sector vinculado a la economía y a la salud bonaerense como es el farmacéutico. Por el otro, el vice jefe de gabinete nacional Mario Quintana, uno de los hombres del Gobierno con más cercanía al presidente Mauricio Macri y principal accionista del fondo inversor Pegasus que, entre sus activos, es propietario de la cadena Farmacity.

La disputa comenzó a principios de semana con una nutrida movilización de empleados y dueños de farmacias provinciales a la sede de la Procuración General de la Nación. Protestaron contra una inminente resolución del organismo que dirige Eduardo Casal, que le permitirá a la cadena propiedad de Quintana desembarcar en la provincia más importante de la Argentina, a pesar de tener esta posibilidad vetada por la ley 10.606 que regula al sector.

La marcha que se llevó a cabo bajo el lema de "preservar el modelo sanitario" y las farmacias de barrio, no sirvió de mucho a sus organizadores ya que finalmente la Procuración emitió su dictamen favorable a que Farmacity pueda cruzar la Avenida General Paz para desarrollar su modelo de negocios en la provincia de Buenos Aires.

Ocurre que la resolución de la Procuración General de la Nación declara inconstitucional el artículo que expresamente veda la instalación de cadenas farmacéuticas propiedad de fondos inversores y abre la puerta para que el caso sea resuelto con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este tema, la opinión de la Procuración será de peso cuando los miembros del máximo tribunal de justicia del país deban dictar una sentencia definitiva en el marco de una causa iniciada por Quintana y sus socios de Pegasus, que buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial que hasta ahora le cerraba las puertas del mercado bonaerense a Farmacity.

Por eso, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense apuntaron a un supuesto "lobby" del propio Quintana, ex CEO de la cadena, para que la justicia permita esta expansión justo en momentos en los cuales el funcionario adelantó que puso en venta sus acciones y que espera salir del capital de Farmacity a fines de año. 

De hecho, Isabel Reinoso, titular de la entidad empresaria se mostró sorprendida por la coincidencia de los tiempos entre las declaraciones de Quintana y la decisión del procurador Casal y sostuvo que con esta posibilidad la cotización de Farmacity es otra.

"Nosotros defendemos un modelo de farmacias que debe ser sanitario y no un modelo de mercado que esté por encima de la salud, como pretende Quintana", le dijo Reinoso a iProfesional, quien además califica la estrategia comercial de Farmacity como un "farmashoping". La denominación tiene en cuenta la cantidad de artículos de consumo masivo, bebidas y alimentos que también vende la cadena de Quintana.

Explicó que la ley actual califica a las farmacias como un servicio público que extiende el alcance del sistema de salud y no un comercio.

Determina además que entre una farmacia y otra deben existir, por lo menos, 300 metros de distancia y le impide a sociedades anónimas o fondos de inversión ser titulares de farmacias que solo quedan reservadas para ser operadas por empresas unipersonales o SRL. E impide también la comercialización de otros productos fuera del denominado vademécum de medicamentos, tanto de venta libre como recetados.

En el caso de Farmacity, se trata precisamente de una sociedad anónima propiedad del fondo Pegasus y su modelo comercial estilo "polirrubro" o drugstore se basa en la expansión de un formato que hoy opera 250 sucursales. La mayoría está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y le da empleo a 6.500 personas, además de 600 farmacéuticos y 1.000 estudiantes de farmacia.

La empresa compite mayormente en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene también presencia en otras 14 provincias en el marco de un negocio del cual ocupa el 2% del market share si se tiene en cuenta que participan alrededor de 14.000 farmacias en todo el país.

Desde su creación, en 1997, también logró incursionar en otras provincias como Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, San Luis, Salta, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa. Incluso, hasta opera tres locales en el ámbito bonaerense, pero gracias a un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) para abrirlos en las terminales aéreas de Mar del Plata, Ezeiza y Bahía Blanca.

Quintana se sumó al gabinete de Macri en 2015 y desde entonces abandonó sus cargos ejecutivos en Farmacity y en Pegasus. Este fondo nació en 2000 y además de la cadena de farmacias es dueño de Freddo y tiene inversiones en real estate a través de la firma Rukan (Tortugas Open Mall y Urbana, entre otros desarrollos). En el caso de la cadena de heladerías hace un mes intentaron, sin éxito, venderla al grupo multinacional Unilever.

Para Farmacity, el fondo está llevando a cabo un ambicioso plan de inversiones por $3.000 millones durante los próximos 5 años y la apertura de 200 tiendas. La expansión a la provincia más grande de la Argentina le permitiría cumplir parte de ese proyecto y seguir apalancando el modelo de negocios de la cadena en el sector de medicamentos.

Según datos de la consultora Kantar Worldpanel, participa con el 38% de la torta total de ventas a pesar de la prohibición que tiene para competir en el ámbito bonaerense y también en Catamarca, Corrientes, Tucumán, Santa Fe y Río Negro, que poseen regulaciones similares.

Por esos motivos, desde la empresa calificaron al dictamen de la Procuración General de la Nación como una situación normal en este tipo de procesos judiciales. "Es una instancia más del curso legal que conlleva este tipo de procesos, que no es vinculante y es la Corte Suprema de Justicia la que se debe expedirse al respecto".

Recuerdan que Farmacity presentó un recurso de queja a la Corte en 2012 luego de que un fallo de la justicia bonaerense le impidió instalarse y desarrollar su actividad "junto con otras farmacias" en esa provincia y "brindar un servicio de calidad a los bonaerenses, pese a que cumple con todos los requisitos de habilitación y localización que requieren estos establecimientos".

La cadena del fondo Pegasus interpreta que la ley provincial no prohíbe taxativamente a las sociedades anónimas (máxime cuando la normativa nacional las autoriza) y es violatoria de los derechos constitucionales de propiedad, derecho a la igualdad, el derecho de comerciar y ejercer industria lícita y el principio de razonabilidad.

"Farmacity es una compañía con vocación por la salud y el bienestar, que busca llevar su propuesta a la provincia de Buenos Aires, como ya ocurre en otras 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, ofreciendo un servicio de amplia cobertura horaria -en muchos casos de 24 horas y a puertas abiertas-, atención personalizada por profesionales idóneos, mayor proximidad, conveniencia y disponibilidad inmediata de una amplia variedad de medicamentos, productos y servicios para la salud", explicaron desde la compañía.

Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos provincial la visión es otra. Advierten que un eventual desembarco de este modelo pondría en riesgo la continuidad de una gran cantidad de las 4.500 farmacias tradicionales existentes y reguladas por la Ley 10.606, uno de cuyos artículos puso en tela de juicio el dictamen del Procurador General de la Nación.

En sus considerandos, el escrito abre la posibilidad para que las sociedades anónimas puedan ser propietarias de farmacias en la Provincia de Buenos Aires. Y considera inconstitucional el artículo 14 de la norma que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias "cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de Sociedades Colectivas o Sociedades de Responsabilidad Limitada; de Sociedades en Comandita Simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales".

Para el organismo que agrupa a todos los fiscales nacionales del país, el texto viola la Constitución Nacional "pues aun cuando se refiere a la autorización para instalar o enajenar farmacias, en rigor de verdad avanza sobre la regulación de lo concerniente a su titularidad".

Agrega que "la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 10.606 aparece así indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación uniforme en todo el país corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación".

Hace una semana, Quintana, quien posee el 3% de las acciones de Farmacity, anunció su decisión de salir de la compañía "para evitar un conflicto de intereses".

Desde el kirchnerismo también salieron al cruce del dictamen. Lo hizo el ex ministro de Salud de la nación, Daniel Gollán, quien a través de su Twitter, expresó que con el fallo "el escandaloso negociado de Mario Quintana sigue avanzando" y remarcó que "las acciones que va a vender, cotizarán mucho más".

También los bloques opositores en la Legislatura bonaerense se mostraron críticos. Por caso, desde Unidad Ciudadana advirtieron que "con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías al territorio bonaerense, permitiéndole al amigo del presidente Mauricio Macri y actual vicejefe de Gabinete expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país".

También desde el Frente Renovador presentaron objeciones a través de declaraciones del diputado massista, Lisandro Bonelli, quien exigió "que se respete la ley y la independencia de poderes" y pidió "a legisladores provinciales de todos los bloques que defiendan la actividad farmacéutica de los negocios de unos pocos".

Ahora, el futuro de la cadena de farmacias en el ámbito bonaerense quedó en manos de tres de los jueces de la Corte Suprema como son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Esto se debe a que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti ya anticiparon que se iban a excusar de opinar en la causa por supuestos vínculos en el pasado con la empresa. Es que el primero de los magistrados formó parte del estudio de abogados Bouzat, Rosenkrantz & Asociados que Farmacity contrató para impulsar la causa. Mientras que Rosatti no hizo pública las razones de su recusación, que ya fue presentada el 23 de noviembre del año pasado.