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Defensa de la Competencia: puntos clave del proyecto que logró aprobarse en el Senado

19-04-2018 La ley busca evitar la cartelización y establece sanciones para limitar el proceder anticompetitivo de las empresas argentinas. Desde la oposición criticaron que la motivación de la iniciativa es adecuarse a un "reclamo de la OCDE" y no defender la competencia. El proyecto volverá a Diputados
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El Senado aprobó en la noche de este miércoles y devolvió con cambios a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Defensa de la Competencia, que busca evitar la cartelización, y luego se dispuso a tratar la Ley de Compre Argentino, que apunta a favorecer a las Pymes nacionales en los procesos de compra del Estado.

La iniciativa sobre Defensa de la Competencia fue aprobada con 50 votos a favor y 8 en contra, pero debido a que se le hicieron cambios durante su tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías, será devuelto a la Cámara de Diputados, que la había aprobado el año pasado.

El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

Uno de los cambios que se le hicieron al proyecto original radica en que, en lugar de contemplar la "designación ficta" de las autoridades del Tribunal se establece que necesitarán acuerdo del Senado, según explicó el senador Mario Pais (Bloque Justicialista).

El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de "repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento", entre otros puntos.

Otro de los aspectos centrales del proyecto son las sanciones a las empresas que incurran en esas prácticas, dado que, según la senadora oficialista Inés Brizuela y Doria, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, "hoy son bajas y no cumplen el carácter disuasivo que deberían tener", por lo que "los grandes empresarios eligen violar la ley".

Entre las multas que prevé el proyecto, se destaca la suspensión de la empresa en cuestión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.

"Hoy lo que tratamos no es una idea que se le ocurrió a un senador, es una demanda Constitucional que establece en su artículo 42 que es obligación del Estado velar para el normal funcionamiento de los mercados", manifestó el senador oficialista Federico Pinedo al defender el proyecto.

En tanto, las principales críticas fueron expresadas por el bloque del Frente para la Victoria, donde Cristina Kirchner advirtió que "esta ley no es para la defensa de la competencia, es porque la OCDE la está reclamando".

La ex presidenta y su compañera de bloque Anabel Fernández Sagasti remarcaron como un error que el proyecto no defina un "criterio objetivo y numérico" para definir la "posición dominante de mercado".

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