Debido a la adhesión al paro de los gremios que agrupan a los conductores de colectivos, trenes y subtes, el cese de actividades de este lunes amenaza con ser total, por lo que quienes quieran viajar por la Ciudad de Buenos Aires u otras grandes urbes deberán buscar otros métodos.

En el territorio porteño, pese a las distintas batallas judiciales que libra, la aplicación de Uber funcionará normalmente y en un contexto de cese general de actividades, podría ser una de las grandes ganadoras del día.

En el paro general de abril de año pasado, se cuadruplicó el número de viajes realizados gracias a esta aplicación respecto de una jornada normal y se incrementó la cantidad de personas que utilizaron el servicio por primera vez, lo que le permitió a la compañía, en un solo día, ampliar su base de usuarios. Y en un contexto de crisis económica, los usuario buscan ahorrar gracias a una tarifa que puede ser hasta un 35% más barata que el servicio de taxis o remises.

De acuerdo a fuentes de la compañía, los “socios conductores van a trabajar normalmente. Ellos deciden si conectarse a la aplicación para dar servicio” porque son “independientes” y ellos determinan sus propios horarios y los recorridos que están dispuestos a realizar”.

Según su definición, Uber es una empresa que conecta pasajeros y conductores particulares mediante una aplicación digital que funciona en cientos de ciudades alrededor del mundo. Desde que comenzó a operar en Buenos Aires, la empresa sufrió varios fallos judiciales adversos. 

El costo aproximado del trayecto se conoce de antemano ya que la aplicación realiza el cálculo de su viaje de forma automática, teniendo en cuenta las tarifas mínimas, recorridos y posibles demoras.

La firma les cobra a los conductores una comisión por proveer la infraestructura para facilitar el acceso a los clientes.

Para ser chofer, la empresa pide que el conductor se inscriba, cargue en una plataforma su licencia de conducir, póliza de seguro del auto y cédula del vehículo. Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad afirman que la actividad no es legal porque les falta la licencia profesional, habilitación en los vehículos y los seguros correspondientes. Según la empresa, sus trabajadores son “socios” autónomos y no empleados.

A pesar de los intentos del Gobierno porteño y los gremios de taxistas, hace pocos días en un fallo unánime firmado por los jueces Inés Weinberg, Ana María Conde, José Casás y Luis Lozano, el máximo tribunal porteño sostuvo que un bloqueo de la aplicación solicitado "lesionaría innecesaria y desproporcionadamente derechos tales como: el acceso e intercambio de información; la obtención de conocimientos y transmisión de ellos mediante la utilización de contenidos, herramientas y de aplicaciones; y la posibilidad de cualquier usuario de esa red global (Internet) de comunicarse o desenvolverse libremente en ella" y que "pone en riesgo el derecho humano a las comunicaciones" a través de internet y el principio de la "completa neutralidad de las redes" que "se encuentra asegurado por nuestro ordenamiento jurídico".

Este lunes, para tratar de que las personas puedan llegar a sus puestos de trabajo, no habría inspectores del Gobierno porteño realizando infracciones contravencionales (multas económicas) a la compañía y a los choferes.

En teoría, a la primera le corresponde multa por infracción del artículo 83 del Código Contravencional, por uso indebido del espacio público y realizar actividades lucrativas no autorizadas. Y a los segundos, por ejercer ilegítimamente una actividad (pueden llegar a ser penados con inhabilitación por 30 a 60 días para el manejo y 2 días de arresto).

El problema del seguro

Pero el tema parece en una zona gris: las aseguradoras aún no prestan ese servicio para los conductores de Uber, quienes deberían contratar un seguro para actividades comerciales de transporte de pasajeros a título oneroso. Es que la actividad aún no fue declarada legal. 

La firma les pide a sus conductores el seguro obligatorio “contra terceros”, que es obligatorio para cualquier vehículo y que no contempla su uso comercial. 

Pero en ese contexto, los choferes carecerán de cobertura asegurativa frente a sus pasajeros, y deberán responder con su patrimonio frente a los reclamos legales de daños y perjuicios que éstos efectúen. Ello siempre y cuando su seguro detecte que el accidente ocurrió en un viaje a través de Uber.

La relación entre un pasajero y un conductor que se hayan conectado mediante la mencionada aplicación se enmarca dentro de lo que se denomina “transporte público de pasajeros”, al igual que ocurre con un taxi o un remís.

"Ante cualquier eventualidad, tanto el pasajero como el conductor están protegidos por Uber con una póliza que entra en vigencia en caso de ser necesario", sostienen desde la firma.

Pero desde la perspectiva de un pasajero damnificado, el especialista Waldo Sobrino cree que pueden iniciarse acciones sobre el chofer, la aseguradora y Uber.

"La ley 22.240 establece la responsabilidad de quien pone la marca en la cadena de comercialización. El que pone la marca asume la responsabilidad. Si el pasajero contrató un servicio de Uber, esta empresa gana plata y, donde está la ganancia, está el riesgo. Uber lucra y es responsable", aduce el letrado.

La recomendación para estos choferes es contratar una póliza con uso comercial.

Sin embargo, tanto conductores como agentes de seguros afirman que algunas aseguradoras niegan el pago si se enteran que un auto particular se está usando como servicio de transporte.

Es que hay casos en que el vehículo suele ser utilizado en forma particular y luego con un fin comercial, incluso en forma alternada. Es decir, hay choferes que usan el automóvil para transportar a un pasajero que lo contactó mediante la aplicación, lo que lo transforma en un fin comercial ya que hay una contraprestación dineraria a cambio, y al poco tiempo pueden llevara un amigo o familiar a su casa de manera gratuita.

Cuando un vehículo está asegurado como de “uso particular” pero se utiliza con fines comerciales, el seguro no responde y los pasajeros accidentados quedan desamparados, sin posibilidad de ser indemnizados por el seguro. El fundamento es que existió una “agravación del riesgo no informada” al usar el vehículo comercialmente.