La ministra de Desarrollo social, Carolina Stanley, intentó calmar este miércoles al denominado “triunvirato piquetero” con la oferta de un refuerzo de alimentos a los comedores y una suba del 20% en extendidas cuotas en los programas de empleo.

La funcionaria presentó la propuesta en su primera reunión desde septiembre pasado con los movimientos, quienes sin embargo consideraron insuficiente el ofrecimiento y el fin de semana podrían definir el reinicio de su plan de lucha –suspendido-, con protestas frente a los supermercados.

Junto a Stanley, ofició el encuentro el viceministro de su cartera, Carlos Pedrini. Por el lado de las organizaciones participaron el líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; el de la CCC, Juan Carlos Alderete; Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán; Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y Mariela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha. Tras ideas y venidas, la Iglesia estuvo representada por el obispo Fernando Maletti.

Desde el inicio, la reunión convocada a las 10 en la sede de Avenida 9 de Julio y Moreno se desarrolló en un clima de tensión, alimentado por las polémicas declaraciones de Elisa Carrió, quien el martes le recomendó a la clase media que diera propinas y changas en el marco de la crisis.

“No se nos puede humillar así, como Carrió, que apela a la clase media, cuando también está golpeada. Es una provocación”, dijo Alderete al comenzar el encuentro.

Ese no fue el único motivo de enojo. En las últimas horas había trascendido la voluntad de las autoridades de otorgar un bono de $3.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero las autoridades dieron de baja esa posibilidad durante la audiencia de este miércoles.

En su lugar, ofrecieron aumentar los programas de empleo en hasta cuatro cuotas de $250 desde agosto a fin de año, para llevar su valor de los actuales $5.000 a $6.000, un incremento del 20%.

Pero la cifra aún está lejos del 35% de incremento que exigen las organizaciones para todos los programas sociales. “Están viendo la realidad de espaldas”, dijo Menéndez en un comunicado posterior al encuentro. Y advirtió: “Las soluciones que el Gobierno ofrece a la agravada situación social son como ofrecer una aspirina para un escenario de enfermedad terminal”.

Los denominados “cayetanos” -por su cercanía al Papa- reclaman además un aumento de la AUH, otorgar un aguinaldo (o bono extraordinario) y fortalecer los comedores.

Durante la instancia de negociación, Barrios de Pie le presentó un estudio a la ministra que muestra un aumento del 33% en los niños y adolescentes que asisten a dichos espacios barriales en el conurbano, de los cuales un 42% presentó signos de malnutrición. El índice llega hasta el 49% en municipios como Berazategui o Almirante Brown, y al 55% en Marcos Paz.

En respuesta, Stanley se mostró dispuesta a duplicar la cantidad de bolsones destinados a los comedores barriales. Los movimientos exigen, además, la incorporación de frescos, ya que los alimentos entregados por el Gobierno se limitan a raciones de fideos, arroz y lentejas. Y la incorporación a la nómina de los nuevos comedores que están surgiendo en todo el país por el aumento de la pobreza. Ahora los técnicos verán cómo lo resuelven.

Otro de los puntos que generó polémica fue la defensa que hizo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso del acuerdo con el FMI por incluir una “salvaguarda social”.

El funcionario destacó el término del entendimiento que prevé un gasto extra de $13.500 millones en 2018 y un 0,2% anual del PBI en los años siguientes  para una serie de planes sociales y asignaciones familiares, bajo la condición de que se agrave la pobreza, el desempleo y la desnutrición infantil. Pero los dirigentes sociales se sienten "usados" por las autoridades para justificar el arreglo con el Fondo.

Frente a las quejas, los funcionarios se comprometieron a trasmitir el mensaje de “malestar” al Gabinete. A diferencia de la última reunión en septiembre pasado, esta vez no estuvo el vicejefe de ministros, Mario Quintana, quien tiene una influencia clave sobre la cartera de Stanley a través de asesores que responden a él.

Pero también inciden en la política social el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien tiene a su cargo programas de empleo, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien pasó a concentrar un mayor poder desde la corrida cambiaria y cuya meta privilegiada es reducir el déficit fiscal.

Las autoridades también se mostraron dispuestas a avanzar en la discusión del paquete de leyes (emergencia alimentaria, agricultura familiar, adicciones, obra pública para cooperativas y expropiación de terrenos para villas). Como se trata de proyectos legislativos, su tratamiento le permite ganar tiempo al Gobierno.

Pero las organizaciones ratificaron que las respuestas deben ser “ahora” y dieron un plazo para negociar hasta el fin de semana, cuando se reunirán para definir sus próximos pasos.

De no haber acuerdo, el Gobierno ya sabe que las agrupaciones piqueteras retomarán el plan de lucha anunciado la semana pasada y que adelantó iProfesional en exclusiva. La medida apunta a instalar 1.000 ollas populares frente a los supermercados, en donde los alimentos sufrieron aumentos del 30% en los últimos 20 días, diluyendo el impacto del programa Precios Cuidados, que fue extendido por las autoridades.

Las presiones representan un desafío para la “fórmula Stanley” con la que el Ejecutivo busca acercar a los movimientos. La llave para despejar las calles contempla la concesión de fondos y la revisión de programas sociales.

Pero entre los cayetanos algunos creen que el plan oficial también incluye a la cartera de Seguridad, encabezada por Patricia Bullrich. “Sabemos que están preparando una represión y vamos a defendernos”, soltó Alderete en la reunión. A lo que la ministra de Desarrollo respondió que la intención es “buscar el diálogo”.

Los próximos días serán claves.