“Estamos transitando meses difíciles", aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal en conferencia de prensa la semana pasada. La mandataria de la mayor provincia del país esta preocupada por el presente pero también por los problemas que asoman en 2019: es que por primera vez, su gobierno tendrá que hacer frente a importantes vencimientos de capital e interés de deuda externa, que podrían superar los $80.000 millones.

Según publicó La Política Online, Vidal sumó deuda externa por un monto total de unos $400 mil millones. Todo, aseguran desde La Plata, se destinó a obras públicas.

La información oficial publicada por la Contaduría General de la provincia llega a diciembre de 2017 y refleja un gran endeudamiento provincial en moneda extranjera: arroja que el stock de deuda pública ascendía en aquel entonces a u$s9.599 millones y $66.945 millones.

Por esto, con la corrida cambiaria, la deuda en dólares aumentó un 30% los costos financieros de la provincia, que recauda en pesos.

La defensa que hacen del gobierno a la toma de deuda es que era la única alternativa para hacer las obras que la provincia necesita y que el ministro de Economía, Hernán Lacunza calculó en unos u$s30 mil millones. Aseguran que durante la gestión de Daniel Scioli la obra pública estuvo postergada y la necesidad de impulsar el sector es imperante.

Sin embargo, un informe difundido esta semana por la CTA en base a los datos de Contaduría sostiene que mientras que el endeudamiento para ese año alcanzó los $68.054 millones, los gastos de la inversión real directa (obra pública ejecutada) para el mismo período fueron de $24.040 millones, publicó LPO.

Como sea, el problema es que estos vencimientos le caen a la Provincia justo cuando la gobernadora enfrenta una doble presión financiera: el gobierno nacional quiere reducir casi a cero las asistencias no automáticas a las provincias y además en el caso particular de Buenos Aires, transferirle las distribuidoras eléctricas, AySA y el transporte. Sólo en este último rubro debería absorber un costo de subsidios de unos 16 mil millones y en el caso de la empresa de agua otros 15 mil millones.

Para el caso de las distribuidoras energéticas el subsidio por esos años va directamente sobre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por lo que no le significaría gastos al gobierno provincial. El problema es que Macri quiere eliminar los subsidios sobre la generación y Vidal sería quien debería pagar el costo político que provocará esa decisión.

Todo este escenario viene generando preocupación en La Plata.

En 2017, Macri le transfirió a Vidal unos 60.000 millones. Esos son los fondos extra que Cristina Fernández de Kirchner le transfería a Daniel Scioli y que interrumpió en junio de 2012 obligando al entonces gobernador a pagar el aguinaldo en dos cuotas.

A fines de 2017, tras la presión de Vidal con la Corte Suprema de Justicia, Macri llegó un acuerdo con los gobernadores por el Fondo del Conurbano. En 2018 la provincia de Buenos Aires pasaría a recibir $40.000 millones y en 2019, $65.000 millones. Fue un avance institucional, pero con la quita paralela de las ayudas extraordinarias, Vidal quedó parada en el mismo lugar en términos de fondos netos.

De hecho, con los 40 mil que recibirá este año, está abajo respecto al 2017 y por eso por estos días el equipo que lidera Lacunza mantiene intensas negociaciones con su par de Nación, Nicolás Dujovne, infromó LPO.

El ajuste en marcha, que entre otras cosas reduce a cero las transferencias discrecionales en 2019, dejaría a la Provincia en una situación incluso peor que la previa al acuerdo por el Fondo del Conurbano. Eso, claro, sin contar el impacto de los vencimientos de la deuda.