El Gobierno extendió hasta fin de año los beneficios para los comercios minoristas y mayoristas que adhieran al "Acuerdo de precios Máximos" del programa Precios Justos, y ahora el secretario de Comercio, Matías Tombolini, empieza la ronda para convencer a los empresarios de colaborar con esta medida antiinflacionaria.

Según el Decreto 551, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el aumento permitido en el alargue hasta el 31 de diciembre será de 5%, con variaciones según categorías y provincias.

Los detalles del nuevo acuerdo de precios

El programa Precios Justos abarca un universo de 50.000 productos de rubros como consumo masivo (alimentos, bebidas, tocador y limpieza), indumentaria, calzado, electrónicos, motos, insumos industriales y materiales para la construcción.

Están adheridas al acuerdo de precios máximos unas 330 empresas, pero en la última renovación, el Gobierno no logró adherir formalmente a los principales fabricantes de consumo masivo, aunque les arrancó un "acuerdo de palabra", que se cumple a medias, según fuentes del sector privado que cita el diario Clarín.

En el supermercadismo advierten que tienen problemas de abastecimiento, que se agravaron con la escalada inflacionaria del último bimestre. También mencionan el festival de relanzamientos de "nuevos" productos, muy parecidos a los "viejos" salvo por mínimas diferencias.

Esos detalles, como algún retoque en el packaging, en el formato o el cambio de algún ingrediente, son unas de las tantas fórmulas que utilizan los proveedores para eludir los controles de precios.

Los spermercados tienen problemas de abastecimiento

Qué buscará el Gobierno en los próximos días

Tombolini comenzó a llamar a las primeras empresas con el objetivo de extender Precios Justos, comenzando por las grandes cadenas de supermercados y los fabricantes de consumo masivo. En los próximos días continuarán con el resto de los rubros adheridos al programa.

"Son encuentros individuales, una por una, para notificar las características de la renovación del programa", graficó una fuente del sector privado.

Inicialmente, Tombolini ofreció compensar a las empresas con importaciones y dólares los aumentos pactados por debajo de la inflación. Después de las PASO, el incentivo fue dar beneficios fiscales e impositivos para que respeten el "sendero de precios". Más de 60 compañías líderes de consumo masivo rechazaron la fórmula por consejo de sus áreas legales.

Los que sí firmaron fueron los supermercados, que no pueden aceptar aumentos por encima de la pauta oficial. "Muchos proveedores dejaron de vendernos por ese motivo", se lamentó una fuente del sector.

Ahora, la tarea que va a enfrentar Tombolini es convencer especialmente a los proveedores de los supermercadistas de aportar su apoyo a las políticas para contener los precios y la inflación.

En una política de la zanahoria y el palo, la oficina de Tombolini en un relevamiento de precios realizado con distintas municipalidades, clausuró este martes 3 sucursales de la cadena mayorista Makro de las localidades de Pilar, Quilmes y San Martín. Además, se labraron actas por infracciones en el local de Avellaneda, por incumplimiento de Precios Justos.

Tombolini deberá convercer a los proveedores de no subir los precios y abastecer

Cuáles son los beneficios fiscales para Precios Justos

Los siguientes son los beneficios impositivos que prevé el programa Precios Justos para los comerciantes que adhieran al acuerdo de precios máximos, según Abogados.com:

• Suspensión del pago del impuesto PAIS para la importación de ciertas mercaderías a ser determinadas por el Ministerio de Economía. No podrán incorporarse dentro de la suspensión a los bienes suntuarios.
• Reducción al 0% de la alícuota del derecho de exportación de ciertas mercaderías a ser determinadas por el Ministerio de Economía.
• La implementación de un plan de facilidades de pago consolidado a la fecha del registro de la solicitud de destinación de exportación para consumo de las mercaderías, para aquellos sectores productivos que determine el Ministerio de Economía.
• La prórroga de los vencimientos para el pago de los adelantos de los impuestos y obligaciones de la Seguridad Social que disponga la AFIP.