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Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008

"Mendoza Julia Edith c/ Adecco Argentina S.A. y Otro s/Despido" Guardar nota   


Fallo provisto por elDial.com  

CNTRAB - SALA VIII - 28/03/2008 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de MARZO de 2008, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden: EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO: I.- Las partes y el perito contador, éste, disconforme con la regulación de sus honorarios, vienen en apelación contra la sentencia que hizo lugar, en lo sustancial, a la demanda. Razones de buen método aconsejan tratar primeramente los planteos de las demandadas.//- II.- Adecco Argentina S.A. cuestiona, con razón, la condena al pago de la indemnización de los artículos 178 y 182 L.C.T. porque dice que la actora fue despedida en el periodo de prueba de conformidad a lo previsto por el artículo 92 bis L.C.T.- He tenido oportunidad de pronunciarme en un caso que guarda sustancial analogía con el que se plantea al votar en la causa "Jimenez, Julieta Maria c. Marcelo H. Pena S.A. s. Despido", sentencia definitiva 34217 del 29.06.07, cuya cita efectúa la recurrente. Al igual que en aquella ocasión destaco que durante el período de prueba cualquiera de las partes está legitimada para denunciar la relación de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria utilizando la terminología en uso, cuya equivocidad he puesto de manifiesto en varias ocasiones, desde su agotamiento, al consolidarse retroactivamente la vigencia de la relación de trabajo, comienza el trabajador a gozar de la llamada "estabilidad relativa impropia", situación que lo hace acreedor a la indemnización por despido si no ha existido una justa causa. Antes, rige plenamente la libertad de despido, sin responsabilidad indemnizatoria. El embarazo -preexistente o sobreviniente- de la trabajadora no () posee virtualidad para alcanzar el status jurídico que resulta del período de prueba. No existe norma que prevea tal efecto;; ni la excepción puede ser inferida de reglas o principios relacionados con la proscripción de conductas discriminatorias, que se encuentran excluidas, en tal hipótesis, porque a los fines legales, la trabajadora integra la clase de trabajadores sujetos a período de prueba que constituye un universo cerrado, que no admite circunstancias particulares -edad, sexo, nacionalidad, religión, opiniones políticas, actuación gremial, estado de salud, etc.- excluyentes de la regla general aplicada a todos ellos.- El pronunciamiento sobre intereses se adecua a lo acordado por este Tribunal en Acta CNAT 2357/02. Estimo que debe ser mantenido por los fundamentos de esa decisión, a los que remito.- III.- El recurso de General Mills Argentina S.A., en lo principal que discute, es insuficiente, pues no contiene la crítica concreta y razonada de los fundamentos centrales de la sentencia (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345)). La parte se limita a señalar la eventualidad de la relación de trabajo debido al " incremento de la demanda extraordinaria de trabajo" sin precisar en modo alguno como habría sido acreditada - remite a la prueba testimonial, que no especifíca, ni analiza-, que hizo necesaria y legítima la contratación de la actora en ese marco, lo que determina la exclusión de ese carácter. Rige, en consecuencia, la regla general del artículo 29 L.C.T, según la cuál se debe entender que la relación quedó constituida directamente con la apelante. En definitiva, este aspecto del decisorio se encuentra al abrigo de revisión.- En relación a la condena al pago del sueldo anual complementario y de la compensación por vacaciones no gozadas, la quejosa no se hace cargo de que ningún comprobante de pago se arrimó a la causa para demostrar su cancelación (artículo l38 L.C.T.).- La obligación que dispone el artículo 80 de la L.C.T. pesa sólo sobre Adecco Argentina S.A., que durante la relación de trabajo fue quien pagó las remuneraciones y retuvo los fondos destinados a los organismos de la seguridad social. General Mills Argentina S.A. se encuentra excluida, pues carece de los elementos necesarios para su confección. Este aspecto de la sentencia, a mi juicio, deberá ser revisado.- IV.- El recurso de la actora es improcedente porque: (a) la remuneración del mes de septiembre de 2005, que pretende se considere para determinar el importe de los créditos admitidos, se integra con un "premio especial", que, de la secuencia de remuneraciones agregada por el perito contador a fs. 215 y 277 vta. no revelan la liquidación regular de dicha partida de conformidad a lo dispuesto por el artículo 245 L.C.T. ; (b) el artículo 2º de la Ley 25323 agrava en un 50% de sus respectivos montos las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 L.C.T.. En el caso la situación contemplada en el artículo 92 bis L.C.T., obsta a la procedencia de tal agravación, toda vez que las disposiciones previstas en la norma alcanzan a las partidas indemnizatorias citadas, inexistentes en el modo que concluyó el contrato de trabajo; (c) el 45 de la Ley 25345 sanciona al empleador - con una indemnización a favor del trabajador, equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera menor-, cuando, intimado fehacientemente respecto de la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la L.C.T., no la cumpla. En el caso, la misma articulación de la parte sugiere que no intimó en los términos y plazos previstos por el artículo 3º del decreto 146/2001, que reglamenta el citado artículo 45, omisión que no puede ser cubierta por la mención de entregar el certificado de trabajo y certificado de servicios y remuneraciones entre los rubros enunciados en el acta de cierre del proceso conciliatorio, en cuanto éste tiene lugar como diligencia prejudicial, que supone la preexistencia de las obligaciones cuya satisfacción se demanda, ni con las intimaciones cursadas posteriormente al acta de cierre de dicho proceso; (d) el artículo 16 de la Ley 25561 suspendió los despidos sin causa justificada. Estrictamente, se propuso desalentarlos mediante la intensificación de la carga indemnizatoria. El despido por imposibilidad de cumplimiento sobreviviente del contrato de trabajo debido a la normado por el artículo 92 bis L.C.T., no constituye un despido incausado. Tal como el despido por falta de trabajo, se trata de una denuncia con justa causa, que, a diferencia de la fundada en injuria del trabajador (artículo 242 L.C.T.), no exime del pago de una "indemnización", integra o reducida. Por ello, no son aplicables los recargos previstos por el artículo 16 de la citada ley.- V.- Por estas razones y, en lo pertinente, los argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en cuanto pronuncia condena, se fije el capital nominal en $ 2031,82.-; se deje sin efecto la condena a la entrega de los certificados del artículo 80 L.C.T. a General Mills Argentina S.A.; y los pronunciamientos sobre costas y honorarios. En un supuesto de vencimientos parciales y mutuos, evaluados con criterio conceptual, no aritmético, la actora afrontará el 70% de las costas y las demandadas, el 30%. Estimo los honorarios de las representaciones letradas de la actora, de la demandada Adecco Argentina S.A., de la demandada General Mills Argentina S.A., por la totalidad de los trabajos cumplidos, y los del perito contador, en $ 1.500.-, $ 2.200.-, $ 2.200.- y $ 1.000.-, respectivamente (artículos 68, 71 y 279 C.P.C.C.N.; 6º, 7º, 14 de la Ley 21839; 13 de la Ley 24432 y 3º del D.L. 16638/57).- LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ DIJO: No asiste razón a la demandada General Mills Argentina S.A. que se queja por la condena a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 L.C.T. Me permito señalar al respecto que una nueva lectura y análisis de la cuestión, me lleva a concluir que corresponde la condena solidaria también en lo que hace a la entrega de certificaciones del artículo 80 de la L.C.T., pues el hecho de que la accionante pueda haber estado registrada como empleada de una de las coaccionadas no es óbice a la responsabilidad que en virtud del artículo 29 de la L.C.T. le cabe a la otra -que la ley sindica como empleadora- respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral ("Planas Cristian Ciro c. Sistemas Temporarios S.A. y otro s. Despido", sentencia 34629 del 27.11.07).- Por ello, sugiero se proceda, en lo demás, como lo indica el voto del doctor Morando.- EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO dijo: Que por compartir los fundamentos de la Dra. Vazquez, adhiere a su voto.- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide incluso en lo que respecta a la condena solidaria a las demandadas de hacer entrega de los certificados contemplados en el artículo 80 L.C.T. y fijar el capital nominal en $ 2.031,82.-;; 2) Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios.- 3) Imponer a la actora el 70% de las costas y a las demandadas, el 30%.- 4) Regular los honorarios de las representaciones letradas de la actora, de la demandada Adecco Argentina S.A., de la demandada General Mills Argentina S.A., por la totalidad de los trabajos cumplidos, y los del perito contador, en $ 1.500.-, $ 2.200.-, $ 2.200.- y $ 1.000.-, respectivamente.- 5) Recordar a los obligados el cumplimiento del artículo 62, incisos 2 y 3, de la Ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Acordada C.S.J.N. 06/05).- Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.//- Fdo.: JUAN CARLOS E. MORANDO - GABRIELA A. VAZQUEZ - LUIS A. CATARDO Ante mí:ALICIA E. MESERI, SECRETARIA Citar: elDial - AA46C3 Copyright © elDial.com - editorial albrematica


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