Una de las acusaciones que podría recaer sobre Oyarbide es la de "prevaricato". Según el Código Penal, "sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas".

Sobre este tema, el abogado Ricardo Monner Sans sostuvo en una entrevista con el diario Clarín que "la figura de prevaricato sería muy liviana en tanto es un multa y sobre un juez que se ha jubilado; y que, incluso, se trataría de una multa que prescribió. Además, técnicamente él ya no es más juez por lo que también sería otro elemento endeble de esa posible acusación. En cualquier cosa, no va por preso por esa carátula".

Agregó: "El tema central podría estar en otro lado, que Oyarbide no dictó las sentencias por convicción sino por dolo, por lo que estaríamos frente a casos de sentencias írritas o nulas, que son aquellas que por su irregularidad no hace cosa juzgada"

En ese sentido, el letrado explicó que hay cosas juzgada cuando la sentencia fue hecha bajo un proceso correcto, pero si el proceso fue doloso se puede sostener la nulidad y reabrir las causas, señaló el citado matutino.

Monner Sans aclaró, sin embargo, que "el concepto de sentencia írrita no hace al castigo de quién incurrió en dolo", por lo que tampoco podría ir preso por esa situación.

Así, si se demuestra que Oyarbide cometió prevaricato en sus causas -por sorteo durante la época K la mayoría de las causas de corrupción caían en su juzgado-, los fiscales, la Oficina Anticorrupción y otros querellantes podrían pedir que se aplique el concepto de cosa juzgada írrita. En este caso, por ejemplo, el polémico sobreseimiento que dictó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito del año 2008 podría reabrirse y perder su carácter de cosa juzgada.

Los magistrados y ex magistrados tienen los llamados agravantes de todas las penas. Entonces, si se lo llegara por ejemplo a condenar por asociación ilícita -el delito que está en la carátula de la causa- por más de 3 años deberá cumplir prisión efectiva.