A pesar de las versiones sobre la restatización de las mayores concesiones hidroeléctricas del país, el Gobierno decidió extender los plazos de los contratos privados por otros 120 días, dejando la decisión final para que sea tomada por la administración nacional que surja de las próximas elecciones presidenciales de octubre.

Lo hizo mediante la Resolución 574/2023 del Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial de este martes 11 de julio, mediante la cual la cartera que dirige Sergio Massa y el organismo que preside Flavia Royón extendieron los contratos de concesión a todas las empresas actualmente a cargo de las represas por un plazo máximo que finaliza el 10 de diciembre, en el próximo gobierno nacional.

La norma abarca a las empresas Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica S.A; Hidroeléctrica Alicurá: El Chocón; Hidroeléctrica Cerros Colorados; e Hidroeléctrica Piedra del Águila que en los años 90 fueron transferidas al sector privado mediante el procedimiento de venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades titulares de las concesiones de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos, otorgadas por un plazo de 30 años que vence en este 2023.

Massa y Royón asignan un veedor para regular la actividad en las hidroeléctricas

"De acuerdo con lo dispuesto en los contratos de concesión aludidos, vencido su plazo, el dominio y la posesión de los equipos de la concesionaria se transferirá de pleno derecho al Estado Nacional en su carácter de concedente, de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 15.336", establece la resolución en sus considerandos.

Por lo tanto, el Gobierno definió "adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca".

Además, la resolución designa un veedor en las hidroeléctricas para que controle las actividades de la concesionaria durante el plazo de la transición para encarar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales a los nuevos responsables y garantizar que la culminación de los contratos vigentes no incida negativamente en el despacho de energía que sea requerido por SADI.

Massa y Royón le dieron 120 días más a las concesionarias de las represas hidroeléctricas.

En ese sentido, será la empresa estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) la encargada de la veeduría duante los próximos 120 días de extensión de los contratos, plazo que podría ser ampliado si asi lo decide la Secretaría de Energía.

Además, la norma convoca a las provincias de Río Negro y Neuquén a que propongan un representante para colaborar, conjuntamente con el Ministerio de Economía, durante el proceso.

"Una vez vencidos los plazos de las concesiones, a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por 60 días corridos", aclara la norma oficial firmada por Flavia Royón.

Multinacionales, en la mira

Según una nota publicada por diario de Río Negro, la extensión de las concesiones llega apenas un mes exacto del fin de los contratos que se firmaron hace 30 años, en el gobierno de Carlos Menem, y abarcan a las represas El Chocón y su compensador Arroyito, que está en manos de la firma italiana Enel; el complejo Cerros Colorados sobre el río Neuquén que controla la firma Orazul Energy del fondo estadounidense I Square Capital; Alicura que tiene concesionada la norteamericana AES.

Enarsa será la empresa veedora en todas las hidroeléctricas hasta su traspaso.

También contempla dentro de este plazo y esta comisión a la central hidroeléctrica Piedra del Águila, que tiene concesionada la firma Central Puerto, aunque en este caso el vencimiento de su contrato opera recién el 29 de diciembre de este año, es decir por fuera del plazo de extensión planteado.