El Estado es el principal consumidor de tecnologí­as de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina. Por lo tanto, es el centro de la disputa entre la diferentes corrientes tecnológicas, como la batalla que sostienen los defensores del software propietario o del libre (SL).

El primero, también conocido como "privativo" o "de código cerrado", está representado por los programas informáticos donde el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo. Incluye a aquellos cuyo código fuente no está disponible, o bien a aquellos cuyo acceso se encuentra restringido por un acuerdo de licencia o por tecnologí­a anticopia.

Su principal exponente es Microsoft, con su sistema operativo Windows y su paquete de aplicaciones de oficina Office.

En cambio,  el segundo grupo se refiere, según la Free Software Foundation, a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y distribuir los programas modificados. Linux es la expresión informática más conocida de este paradigma.

En esta puja entre dichas corrientes, el "mundo Linux" sumó este martes a un jugador de gran peso polí­tico: el jefe de Gabinete, Aní­bal Fernández, quien apostó públicamente por él.

El funcionario fue claro al hablar en la Biblioteca nacional, donde sesionó la Primera Conferencia Internacional de Software Libre de la Argentina (CISL2010 Argentina): "El software libre tiene que ser una polí­tica de fondo".

Fernández, quien remarcó su "vocación de comprometernos cada vez más al trabajo en conjunto con las organizaciones (que defienden esta corriente)", hizo un anuncio acerca del programa Conectar Igualdad que sembró esperanzas dentro del sector: la licitación de las casi tres millones de computadoras portátiles (netbooks) que se entregarán a estudiantes secundarios incluirá Ubuntu, una de las distribuciones más populares de Linux, y 42 herramientas educativas basadas en código abierto.

El escenario de la iniciativa educativa es vital para el SL, porque millones de estudiantes y sus familias podrán tomar así­ contacto con el entorno Linux.

En ese sentido, algunos jugadores advirtieron que esas netbooks no deberí­an incluir la posibilidad de elegir el sistema operativo que se usará luego de encender el equipo, porque sino los maestros y los alumnos optarán por el más conocido, es decir, Windows.

Pedido de apoyo

El funcionario reconoció que la Argentina viene "muy rezagada" con respecto a otros paí­ses en la adopción de SL, por lo que realizó una convocatoria: "Necesitamos todo el apoyo de la comunidad de software libre del paí­s".

Fernández brindó un dato de ese retraso: el 80% de las computadoras personales (PC) del Estado tienen Windows, aunque prometió que capacitará a los empleados públicos en estos programas cuyo sí­mbolo, en el caso de Linux, es un pingí¼ino.

Pero los programas de código abierto tienen su fortaleza en los ambientes gubernamentales de misiones crí­ticas. "Con nuestro equipo estamos trabajando en este tema desde el 2002 y, en la actualidad, más del 60% de los sistemas operativos de los servidores de la administración pública nacional utilizan software libre", sostuvo el jefe de Gabinete, cuyo discurso en las conferencias puede verse aquí­.

"No soy un especialista, soy un audaz", le aclaró al público Fernández, en un colmado auditorio Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional. Y explicó que el objetivo es "ratificar la filosofí­a que asume el Gobierno que represento, de fortalecer y propender al uso de herramientas de software libre y brindar soporte a las organizaciones del Estado y las que no lo son también".

Por eso, no dudó en señalar: "Es una polí­tica de Estado. El software tiene que ser una polí­tica de fondo".

Como demostración de este compromiso, recordó que se "han desarrollado sistemas desde el Estado para el Estado". Y puntualizó que el programa que controla los pasos fronterizos con los cinco paí­ses vecinos funciona con herramientas de código abierto.

"La transformación de este ambiente del usuario final requiere de un gran esfuerzo tanto del sector público como privado, que nosotros estamos dispuestos a dar", acotó.

En ese sentido, remarcó que no se trata de una cuestión de gastos. "El costo de licencia es una cuestión menor", opinó. En cambio, subrayó que el valor está puesto en "la soberaní­a de los recursos del Estado, por un lado, y la libertad de usar los programas y modificarlos según nuestras necesidades, por el otro. í‰sta es la filosofí­a que nosotros sostenemos, el compromiso y la vocación del Estado de desarrollar estas herramientas".

PragmatismoDurante las jornadas -que tuvieron como objetivo reflejar la realidad del SL tanto en el sector público, como en el privado y en la sociedad civil-, expertos, empresarios, técnicos y funcionarios debatieron propuestas, enfoques y modelos de desarrollo basados en tecnologí­as libres y abiertas.

En el encuentro disertaron, además, invitados de Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay y España, que abordaron temas como tendencias en el uso de software libre en el sector privado; sistemas y aplicaciones libres en la administración pública; inclusión social, educativa y tecnológica; conocimiento compartido y comunidades de desarrollo; y perspectivas de crecimiento del SL en Iberoamérica.

En la conferencia, estuvo el estadounidense John "Maddog" Hall (en la foto superior, con Aní­bal Fernández), un histórico promotor del SL y presidente de Linux International, una organización creada por Linus Torvalds, el creador de la idea base y primeras versiones del núcleo (kernel, en la jerga informática) del sistema operativo GNU/Linux.

Ante la consulta de iProfesional.com acerca de cuáles son los principales obstáculos para la adopción de SL en el Gobierno (¿Influyen más la presión de las empresas de software propietario o los factores culturales?), Hall admitió que "es una mezcla de cosas", porque "hay mucha gente que usa que el software privativo y es por eso que hay una resistencia al cambio".

El desarrollador informático abogó en ese sentido por usar solamente software libre en "nuevos proyectos", o cuando el software "privativo no funciona, por lo cual tiene que usar" programas de código abierto.

"Si un sistema trabaja y funciona perfectamente bien, y si uno tiene todas las licencias del software, no necesita gastar más dinero. Si el equipo está actualizado y le decí­s a la gente que usen software libre te van a preguntar: ‘¿Por qué?’", explicó y agregó que "cuando las cosas van perfectamente bien no se le encuentran ventajas".

En cambio, con una visión pragmática, este dirigente informático señaló que "en los nuevos proyectos nadie sabe cómo va a funcionar. Y justamente la sorpresa es descubrir que también funciona de esta forma. Entonces no ofrecen ninguna resistencia".

Hall indicó que los navegadores web ("browsers", en inglés) "brindan nuevas oportunidades para el SL", porque permiten crear otras funcionalidades y el resultado sale en la pantalla.

En ese sentido, puso como ejemplo las aplicaciones basadas en la web que corren solamente en el Internet Explorer (de Microsoft). "Nunca se debe comprar una aplicación que funcione en un ‘browser’ especí­fico", enfatizó y agregó que este tipo de programas están "dañados".

Hall mostró un prototipo de "thin client" (ver foto inferior), una computadora cliente en una arquitectura de red cliente-servidor que depende del servidor central para las tareas de procesamiento, y principalmente se enfoca en transportar la entrada y la salida entre el usuario y el servidor remoto.

Este "thien client" se podrí­a fabricar por menos de u$s200 y usarse como una computadora, como receptor de TV o para controlar alarmas hogareñas. El prototipo integra el Proyecto Cauí£, un emprendimiento donde participa el Gobierno brasileño, que apunta a acortar la brecha digital y aumentar la independencia y la libertad de los usuarios.

El objetivo es generar el soporte técnico para dar conexión inalámbrica a gran escala, con un hardware económico y que puede funcionar a 12 voltios.

Acuerdo con BrasilEl Gobierno argentino busca apoyo en Brasil para esta inserción del SL en el Estado. Para ello firmó el lunes con su par carioca un convenio marco de cooperación tecnológica que establece una polí­tica común en materia de software y en la administración de nombres de dominios de Internet, informaron fuentes oficiales.

El acuerdo fue rubricado en Buenos Aires por el subsecretario Legal, Técnico y Administrativo de la Cancillerí­a, Eduardo Villalba, y el director de NIC Brasil, Demi Getschko.

Según destacó la Cancillerí­a en un comunicado, este convenio "significa un avance en la integración polí­tica regional y una continuación de las polí­ticas de software libre que lleva adelante" la Argentina.

El acuerdo tiene por objetivo constituir las bases y principios de una polí­tica común en la integración de los dominios ".com" entre las oficinas de administración y otorgamientos de dominio de Internet NIC de Argentina -dependiente de Cancillerí­a- y de Brasil.

ContextoEl movimiento del SL mantiene, desde hace varios años, una discusión con los fabricantes de los programas informáticos bajo licencias privadas en torno a las aplicaciones que se utilizan en el Estado en sus diferentes niveles.

En el marco de esa puja, un grupo de diputados oficialistas y opositores trabaja desde hace un par de años en proyectos de leyes que fomentan el uso del software libre en la administración pública nacional.

El tema es estratégico para el sector del software y los servicios informáticos (SSI), porque el Estado nacional es el principal consumidor y cliente de tecnologí­as corporativo del paí­s.

Desde la cámara de empresas de software y servicios informáticos (CESSI), advierten que se debe resguardar el principio de "neutralidad tecnológica", sin favorecer algún modelo especí­fico de licenciamiento de software.

El SL ya está presente en algunas áreas del Estado, en especial, en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). De hecho, todas las aplicaciones de infraestructura en la AFIP se desarrollan con software libre. Aplicaciones gráficas, de telemetrí­a, seguridad y monitoreo, así­ como la mayorí­a de los programas en este organismo, corren sobre software libre, incluidos aquellos de misión crí­tica, como la recepción de declaraciones juradas y pagos.

Sin embargo, la aplicación de software libre en el Estado no forma parte de una polí­tica pública, sino que se hizo a partir de la iniciativa de funcionarios.

Los proyectos de leyes que se impulsan desde el movimiento de SL van en el sentido de "dotar al Estado de una herramienta clara de independencia, soberaní­a, transparencia, auditabilidad y uso responsable de software respetando los derechos de la ciudadaní­a".

César Dergarabedian© iProfesional.com