La "Ley Antievasión" (25.345) nació con el propósito de desalentar el uso de efectivo de modo de permitir un mejor control sobre las transacciones que realizan los contribuyentes.

Así, establece que no pueden computarse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los créditos fiscales provenientes de compras superiores a $1.000 que hayan sido canceladas en efectivo. Asimismo, indica que tampoco podrán descontarse esos gastos en Ganancias.

Sin embargo, la Ley de Procedimiento Tributario también fija pautas al respecto, dado que admite el cómputo de esos créditos siempre y cuando se acredite la veracidad de las operaciones.

En este escenario, en un reciente fallo, la Justicia puso un nuevo freno a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, a raíz de una inspección, intentó ajustar las declaraciones juradas de IVA y Ganancias de una persona que incluyó gastos pagados en efectivo.

El fisco consideró que el contribuyente había computado incorrectamente los créditos porque correspondían a operaciones mayores a $1.000 canceladas con dinero en efectivo.

Tanto ante el Tribunal Fiscal como ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, el ajuste de la AFIP fue rechazado porque, si bien los pagos no fueron realizados en la forma que indica la Ley Antievasión, igualmente fue descartada una maniobra evasiva.

Y, a tal efecto, fue clave para el contribuyente el hecho de que pudo demostrar que las operaciones verdaderamente existieron.

Los expertos consultados por iProfesional.com sostuvieron que la decisión de la Cámara fue correcta y remarcaron que, con esta causa, quedó demostrada la primacía que tiene la Ley de Procedimientos por sobre la de Antievasión, que le permite a los contribuyentes la posibilidad de computar los gastos y créditos aún en casos de pagos en efectivo, ya que sino "se estaría gravando una ganancia ficticia".

Además, pusieron de relieve que el Tribunal Fiscal está capacitado para intervenir en una causa como esta, pese a los esfuerzos del fisco de impugnar ante la Cámara su participación.

El caso por dentro

Todo comenzó cuando la AFIP determinó que Miguel Ángel Mera debía abonar más de $150.000 en concepto de IVA y Ganancias, debido a que, a su criterio, incluyó gastos y créditos fiscales de manera incorrecta.

Los mismos surgían de diversas compras cuyos montos superaban los $1.000 y que se habían pagado en efectivo, motivo por el cuál, el fisco las desestimó de acuerdo a lo establecido en la Ley Antievasión.

No obstante, Mera se presentó ante el TFN para formular un reclamo basándose en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Tributario (11.683) que establece que, para que los mencionados conceptos puedan jugar a favor del contribuyente en las liquidaciones de impuestos, éste debía "acreditar la veracidad de las operaciones".

Además, sostuvo que "no correspondía que el fisco determinara la materia imponible tal como si los gastos impugnados nunca hubieran sido efectivamente realizados".

Y dijo que "una cosa era considerar a la falta de pago por alguno de los medios expresamente previstos en la Ley 25.345, como un indicio que permita poner en duda la veracidad de las operaciones; y otra muy distinta es presumir, sin admitir prueba en contrario, que tales operaciones nunca se habían realizado, negando el cómputo de los gastos pagados de esa manera".

También destacó que los inspectores intervinientes "habían señalado que no existían elementos para concluir en la inexistencia de las operaciones, ni que el proveedor no hubiera contado con capacidad suficiente para desarrollar la actividad respectiva".

Por último, explicó que "los peritos habían individualizado cada una de las compras, el asiento contable en el Libro de IVA, así como el número de factura y de recibo", por lo que quedaban demostradas todas las transacciones-.

De esta manera, los vocales del TFN resolvieron que era correcto el cómputo de los gastos y créditos fiscales generados por estas compras. Sin embargo, la AFIP insistió y se presentó ante la Cámara para revertir la sentencia, aunque sin mayor suerte.

Los argumentos del fisco consistieron en que "las disposiciones de la Ley 25.345 deben prevalecer sobre lo establecido en el artículo 34 la Ley 11.683", es decir la Ley Antievasión por sobre la Ley de Procedimiento Tributario.

Para el organismo recaudador, la primera norma es de carácter especial, ya que se refiere específicamente "a los medios de pago que pueden utilizar los contribuyentes" y que prohíben "la prueba de la veracidad de las operaciones en las que se hayan utilizado medios distintos de los expresamente previstos".

Asimismo, las autoridades fiscales puntualizaron que el artículo 2 de la Ley 25.345 "priva de toda validez al pago efectuado por medios distintos de los previstos en ella" y que se reglamentó "con la finalidad de forzar a los contribuyentes a utilizar medios bancarios y, de esta manera, evitar la posibilidad de que omitan la declaración de las operaciones efectivamente realizadas y, por esa vía, evadan el pago de los impuestos respectivos".

Por último, desde la AFIP argumentaron que "lo determinante para considerarlas de una u otra manera es el modo, es decir, el grado de especialidad con el que cada una de ellas singulariza el presupuesto de hecho y la correspondiente consecuencia jurídica respectiva".Sin embargo, los fundamentos del fisco fueron desarticulados uno a uno por los magistrados.

En primer lugar, indicaron que "la exigencia de que el contribuyente cumpla con determinados deberes de carácter `formal´ no puede traer aparejada, como consecuencia, la desnaturalización de las leyes que crean los impuestos y definen los respectivos hechos imponibles".

Por otro lado, destacaron que "el fisco no ha formulado ninguna objeción con respecto a que los gastos de cuya deducción se trata fueron efectivamente realizados" y, además, remarcaron que "no se da ninguna otra circunstancia que permita poner en duda la veracidad de las operaciones".