Hay que remontarse hasta fines del 2001, cuando se declaró el default más grande de la historia financiera mundial, para recordar un momento en el que la Argentina haya generado semejante interés en los medios de comunicación del mundo.

Es que la expropiación de YPF ha hecho regresar al país a las primeras planas globales.

En fuerte contraste con lo que ocurre en el plano local -donde el 62% de los argentinos está a favor de la estatización de la petrolera, a la vez que la mitad de los encuestados considera que tendrá un impacto positivo para la economía-, en el plano internacional, las críticas han sido muy duras.

Por ejemplo, el influyente medio The Wall Street Journal calificó la medida como "un robo". The Washington Post sugirió que el país debería ser expulsado del "club" de las naciones poderosas del planeta que conforman el G20. En tanto, la respetada revista inglesa The Economist advirtió que nadie sufrirá más por la expropiación que la propia sociedad argentina.

A estos pronósticos lapidarios se suman las condenas diplomáticas, las medidas sancionatorias en el plano comercial y la amenaza de demandas millonarias en los tribunales internacionales.

Con semejante lluvia de juicios negativos para con el país, podría presumirse que el Gobierno argentino estaría sumido en una fuerte preocupación sobre el futuro.

Pero, en rigor de verdad, no sólo no se notó un ánimo depresivo en los funcionarios, sino más bien un tono exultante por las oportunidades que se le abren.

En parte, esto es explicable por el hecho de que el daño ya estaba previsto. A fin de cuentas, ¿cuánta preocupación adicional puede generar una suba del índice "riesgo país" por encima de los 1.000 puntos, en una nación que hace mucho tiempo tiene vedado su acceso al crédito internacional?

Incluso, hasta hay razonables dudas en el sentido de si la Unión Europea realmente dará un paso más allá de su "apoyo moral" a España y la acompañará en medidas concretas de recortes de importaciones a la Argentina.

En cuanto al pago de la indemnización a Repsol por parte del Gobierno, ya en ambos lados del Atlántico está asumido que ocurrirá después de un largo proceso, que puede extenderse por varios años.

En cambio, los beneficios por la "recuperación" de la petrolera son tangibles y de aprovechamiento inmediato.

El primero de ellos es político: hasta los más acérrimos dirigentes opositores se cuidan en sus palabras, conscientes de que las encuestas marcan una abrumadora aprobación a la medida por parte de la sociedad.

"El Gobierno muestra los dientes y a mucha gente le gusta eso. Estas decisiones siempre son rendidoras en el corto plazo. El nacionalismo vende", argumenta Rogelio Frigerio, director de la consultora Economía&Regiones.

Hasta el duro editorial de The Economist concuerda con esa visión: "Como las islas Falklands, YPF es vista como un símbolo de soberanía nacional. Los argentinos seguramente acompañarán esta causa y se espera que el proyecto de ley reciba un contundente apoyo en el Congreso".¿Ajuste cajoneado?

Pero la euforia de Cristina Kirchner y su entorno no se agota en las encuestas sino que tiene bases mucho más concretas.

Ocurre que YPF le permite al Gobierno -cuando parecía que ya se habían agotado todas las "cajas" disponibles- contar con una vía adicional de financiamiento para así aliviar la complicada situación fiscal.

En cifras, la petrolera tiene una facturación anual de u$s14.000 millones y el año pasado dejó ganancias netas por u$s1.300 millones (aunque los giros de divisas a la casa matriz fueron superiores a los u$s2.000 millones).

Es decir, hay una importante masa de recursos que súbitamente irán a tapar las fisuras financieras del "modelo".

"A diferencia de Aerolíneas Argentinas, cuando el Gobierno tomó una compañía que estaba perdiendo plata, ahora se encuentra con una empresa superavitaria que la puede ayudar a pagar el déficit comercial energético", observa el consultor Andrés Méndez.

Por lo pronto, el "rojo" en materia de energía implicará este año un gasto de entre u$s5.000 millones -estimado por los más optimistas- y u$s7.500 millones, proyectado por los más pesimistas.

"La expectativa del Gobierno es que ese dinero, que antes se distribuía a los accionistas, ahora ingrese al Tesoro nacional y esto le permita contar con un alivio fiscal", afirma argumenta Víctor Beker, docente de la Universidad de Belgrano.

Y agrega: "Además, al no tener que efectuarse más giros al exterior, y al quedar en pesos las ganancias obtenidas, esto también contribuirá a reducir la presión en el mercado cambiario".

En tanto, Eduardo Curia, uno de los economistas escuchados en ámbitos afines al Gobierno, afirma: "Ahora se viene un período dulce en lo financiero".

El analista sustenta sus dichos en que el caso YPF coincide con la llegada al país de los "sojadólares", lo que otorgará aun un mayor desahogo en los próximos meses.

Como contrapartida, Curia advierte que se agravará un problema: el del fortalecimiento del peso frente al dólar, en términos reales.

Lo cierto es que la visión que está cobrando forma entre los analistas es que el "efecto YPF", en combinación con la fortísima suba del precio de la soja y con las arcas del Banco Central más a mano del Gobierno permitirán eludir -o al menos postergar- un ajuste que se presentaba como inevitable en el arranque del año.

"Está claro que al Ejecutivo le preocupa que se enfríe la economía, y este nuevo contexto le facilita que el consumo siga alto. No se solucionan los problemas de fondo pero, en el corto plazo, tendrá un efecto fiscal positivo, al empezar a manejar la caja de la mayor empresa del país", apunta Eric Ritondale, analista senior de la consultora Econviews.

Hasta hay quienes, como el influyente economista Miguel Bein, consideran que el Gobierno -en vista de que se está produciendo una descompresión en el frente externo- empezó a aliviar las duras restricciones para la compra de dólares que impusiera a finales del año pasado.

También los analistas dan cuenta de otro efecto positivo de corto plazo, tras la expropiación de YPF.

Y tiene que ver con la percepción de un "castigo ejemplificador", que llevará a un incremento en el nivel de inversiones por parte de firmas líderes, no sólo en el terreno energético sino en otras ramas de actividad.

En ese sentido, fue sintomático el hecho de que la siderúrgica Siderar y la alimenticia Molinos comunicaran la semana pasada su aceptación a la "sugerencia" gubernamental de reinvertir sus ganancias y suspender la distribución de dividendos que tenían programada.

¿Cuánto dura, el "siga siga"?

La pregunta, en todo caso, es si la "ayuda" de YPF alcanzará para disimular las inconsistencias del "modelo", o si será apenas un parche de corto plazo.

Y en ese sentido hay que hacer una distinción entre los efectos políticos y los económicos.

En lo que se refiere al plano político, los analistas consideran que la expropiación de YPF tiene una carga simbólica tan fuerte que equipara la medida con la estatización de las AFJP.

"Esa epopeya motivó la consagración de Amado Boudou", recuerda el filoso comentarista Jorge Asís, aludiendo a cómo aquella medida implicó no sólo la posibilidad de superar la recesión de 2009 sino la espectacular recuperación política de Cristina Kirchner en las encuestas.

Y agrega que "ahora es el turno de la compadrada soberanizadora", donde la nueva figura ascendente es el viceministro Axel Kicillof.

En cambio en el plano económico, los analistas creen que el efecto no será tan potente como el que tuvo en 2009 la estatización del sistema jubilatorio, cuando el flujo de fondos "capturado" equivalía al 1% del PBI, es decir a unos u$s4.500 millones de hoy.

"Cada nueva medida que se toma va generando un efecto decreciente. Y en este caso, no solamente se trata de una caja más chica que la de las AFJP, sino que además va a durar hasta que YPF deje de tener ganancias, algo que ocurrirá rápido si no modifican los precios energéticos, que es uno de los grandes frenos para las inversiones", argumenta Nicolás Dujovne, consultor y ex economista jefe del Banco Galicia.

Su visión es que el Gobierno tendrá éxito en mantener el consumo en niveles altos aunque, de todas formas, no alcanzará para que la economía tenga un crecimiento elevado, dado el insuficiente nivel de inversión.

Por lo pronto, el interrogante que surge ahora es cuán prolongado puede llegar a ser el efecto reactivador de la expropiación de YPF.

Para Curia, hay plata dulce garantizada hasta septiembre, cuando termine el ingreso de dólares provenientes de la cosecha.

"Si eso se logra, se podrá mantener las reservas del Banco Central y relajar algo los controles bizarros sobre las importaciones. No veo al Gobierno muy proclive a disminuir el nivel de gasto", sostiene.

Los grandes problemas irresueltos

El "efecto YPF" logrará que, al menos durante este año, lo que parecía un inevitable enfriamiento del consumo pueda ser esquivado, ya que el Gobierno contará con más herramientas para mantenerlo "caliente".

Pero los más críticos de la medida de expropiación señalan que habrá, también, efectos colaterales indeseados. Sobre todo, en lo que se refiere a inversión.

"El problema energético está lejos de resolverse rápidamente. Y esto le representa al Gobierno una gran erogación de dinero, incluso habiendo tomado YPF", enfatiza Ritondale, a la vez que destaca que no está claro qué empresas privadas querrán desembolsar dinero en el sector y bajo qué condiciones.

Los funcionarios están abocados a una tarea de por sí difícil: tratar de transmitir confianza a otras compañías del rubro. En este marco, Julio De Vido manifestó el interés de multinacionales, como el de la francesa Total y el de la brasileña Petrobras en avanzar en acuerdos puntuales de exploración.

De todas formas, el escepticismo de los analistas es "duro de matar": creen que el temor a futuras confiscaciones tendrá más bien un efecto paralizante.

"Esos planes de aumento de las reservas que muestran empresas como Total o Pan American Energy no alcanzan para resolver el problema de fondo. Y la energía es el cuello de botella que impide que pueda seguir creciendo la industria y toda la economía", es el crudo diagnóstico de Ritondale.

En la misma línea, Dujovne recuerda que, además de la inseguridad jurídica, el gran problema irresuelto sigue siendo la distorsión de precios en el sector energético.

"No creo que nadie quiera venir con este marco regulatorio. El error del Gobierno sigue siendo que asocia bienestar con acumulación de reservas. Entonces, está dispuesto a enfriar la inversión con tal de mantener los dólares del Banco Central", afirma.

En definitiva, lo que el gremio de los economistas percibe es que, como en otras medidas de alta repercusión, habrá un alivio momentáneo con un alto costo futuro.

"Al principio no se ven los efectos negativos. Entonces se profundiza la visión de corto plazo de la economía", argumenta Mariano Lamothe, economista jefe de la consultora Abeceb.

Desde el análisis político, Asís coincide al señalar que un eventual "castigo" de España recién será perceptible a largo plazo: "Y aquí lo importante es salir del paso ya. Sometidos a la estrategia de la semana entrante. La posteridad importa, sabiamente, un pepino".