La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en ley el nuevo Régimen de Trabajo Doméstico, que regula la actividad de las empleadas de casas particulares y establece, entre otros beneficios, una jornada laboral de ocho horas diarias y 48 semanales.

El proyecto fue aprobado por unanimidad con 206 votos afirmativos, en una sesión que fue seguida por trabajadoras del sector, el secretario general de la CGT oficialista, Antonio Caló, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó DyN.

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, se encargó de defender el proyecto por el oficialismo, al sostener que el nuevo régimen "cumple con una deuda republicana de nuestra sociedad" y es también "una reivindicación del género", dado que el 95% de las empleadas domésticas son mujeres.

Para el abogado laboralista y ex principal asesor legal de la CGT moyanista, la norma "avanza en los principios de inclusión social y justicia" y deroga "ese estatuto semi-feudal sancionado por la dictadura militar de Pedro Aramburu".

"Es insostenible que, en el siglo XXI, haya discriminación entre los trabajadores. No tiene sentido que las trabajadoras de casas particulares no tengan los mismos derechos que otros trabajadores", añadió.

Y reseñó los ejes principales del proyecto como: la implementación de una jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales; indemnizaciones por accidentes de trabajo, vacaciones y licencias, así como la protección de los menores, cuyas jornadas no podrán exceder las 6 horas diarias y 46 semanales.

La ley, además de establecer una jornada de trabajo que no supere las 8 horas diarias o 48 horas semanales, fija un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas.

Dispone "una licencia anual ordinaria con pago de la retribución normal y habitual de 14 a 35 días", y "una licencia paga por enfermedad o accidente inculpable de hasta seis meses, ambas dependiendo de la antigüedad del trabajador", y prohíbe la contratación de menores de 16 años.

Además, obliga la implementación de una libreta de trabajo por cada trabajador o trabajadora y encomienda al Ministerio de Trabajo y a la AFIP elaborar un sistema de registro simplificado, así como crea una Comisión Nacional del Trabajo de Casas Particulares como órgano de control y un tribunal específico para atender denuncias sobre trabajo doméstico, que hoy se tramitan ante la Justicia laboral.

La diputada Socialista Alicia Ciciliani destacó la "enorme importancia" de la sanción de esta ley, "no sólo para las mujeres sino para visibilizar el trabajo en las casas particulares", aunque manifestó su preocupación "para que este verdadero avance se pueda materializar en el día a día, le pedimos al Ministerio de Trabajo de la Nación la reglamentación adecuada".

Para el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, la ley "deroga un régimen de casi cincuenta años" originado en "una dictadura" y reconoció que se debe "a un logro de la gestión del gobierno actual, que se inició con el procedimiento para registrar a muchas empleadas que estaban en negro", pero aclaró que, sin embargo, "solo un porcentaje muy pequeño se ha acogido" a ese empadronamiento hasta el momento.

Al final, el jefe del bloque Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, recordó que este proyecto fue remitido por "la presidenta el 8 de marzo de 2010" en el contexto del "año internacional de la mujer" pero recién ahora se convierte en ley.

En ese sentido, sostuvo sentir hoy "el mismo orgullo que sentimos cuando modificamos el Estatuto del Peón Rural que le dio derechos a los trabajadores rurales argentinos", o cuando se otorgó la asignación universal por hijo, o la ley que amplió el derecho a votar a los jóvenes de 16 años o cuando se votó "la ley de matrimonio igualitario".