Los consumidores porteños sumaron nuevos derechos en los últimos meses. Ocho en total, muchos largamente esperados. Fue mediante normas que fijaron reglas favorables al cliente en su relación con empresas de servicios, supermercados, restaurantes y otros comercios. 

Las ventajas ya están reconocidas, pero llegó el Día Mundial de los Derechos del Consumidor -15 de marzo- y la mayoría aún no se cumple. Algunos porque no están reglamentados, otros porque hay plazos sin vencer, y están los que, pese su plena vigencia, no se conocen ni se respetan.

Por ejemplo, pocos saben que una ley aprobada en diciembre (la 4.435) obliga a los supermercados a informar precios por teléfono o por mail a quien los pida.

"Es para facilitar la comparación e incluye a los mayoristas. Lo que falta es que, pese al lobby de las empresas, el Gobierno porteño lo reglamente y ejerza un verdadero control", señaló María América González, legisladora porteña impulsora de la iniciativa al diario Clarín.

Hasta ahora, de una gestión telefónica u online, el cliente se quedaba con un número de reclamo. Pero la ley 4.388 ahora obliga a las empresas a enviar "en forma inmediata", por correo electrónico, la transcripción completa de lo tratado, para que a la gente le quede una constancia escrita. Como la norma dio un plazo de seis meses a las empresas, esto entraría en vigencia recién en julio.

Según el relevamiento efectuado por el citado matutino, tampoco se aplica por ahora la ley 4.385, que acabaría con los problemas para rescindir los contratos con empresas de telefonía móvil, medicina prepaga, cable e Internet, al imponer la entrega de certificados de baja, ya sea en mano o por correo en menos de 72 horas.

"Hasta ahora, nada de esto se cumple.La gente tiene que pelear por una constancia porque, si no, después le aparecen falsas deudas impagas", lamentó Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor.

Al comer afuera, también hay cosas que deberán cambiar. Se estima que la mitad de los restaurantes porteños hoy cobran "cubierto" o "servicio de mesa". Si sale la reglamentación de la ley 4.407, esperada para mayo, los locales que carguen el extra deberán tener un plato para celíacos en el menú, dar sal modificada y pan dietético.

"También se incluyó que no se pueda cobrar cubierto a menores de 12 años, porque no consumen pan y apenas usan la silla", explicó el radical Claudio Presman, uno de los legisladores detrás de la ley.

A su vez, de beber, el consumidor ya puede pedir que le den un vino genérico de 750 ml por sólo $20, o uno varietal por $25. Esto, según lo fijado por el Gobierno para el "vino turista", obligatorio en restaurantes por la ley nacional 20.860.

Según confirmó a Clarín el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), si el comercio no lo tiene, el consumidor puede exigir que le vendan un vino igual o mejor al mismo precio. De todos modos, cuentan que aún no están imponiendo sanciones. Y en Capital, empresarios del ramo dicen que es muy difícil encontrarlo.

Por otro lado, la ley 4.389 declara "abusiva" y "contraria al trato digno" toda práctica de atención al público que implique hacer colas a la intemperie o por más de 30 minutos en pie. Pero las filas se siguen viendo mucho para el cobro de facturas y la venta de entradas para partidos y recitales.

También en comercios, por las modificaciones a la ley 3.281 impuestas el año pasado, los cambios y devoluciones ya pueden hacerse sin restricción de días y horarios, al mismo valor de compra y con 30 días de plazo. Eso, al menos en teoría, porque muchos no exhiben la leyenda informativa obligatoria. Y según Andrada, "ahora se ve de todo: unos fijan 7 días para cambiar, otros 15 y otros los 30".