La Justicia porteña ordenó al gobierno de Mauricio Macri que se extremen las "medidas de seguridad diseñadas" en vistas a la carrera de TC 2000 que tendrá lugar esta semana en la ciudad, y dispuso la gratuitidad del peaje de la Autopista Illia hasta el domingo.

La medida fue ordenada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Guillermo Scheibler, el mismo que en un principio había paralizado las obras del Metrobus en la 9 de Julio a raíz de la poda de árboles, señaló Infobae.

La resolución del juez se originó en una acción de amparo presentada por Gabriela Castillo, una vecina de la ciudad de Buenos Aires, quien había reclamado la suspensión de la realización de la carrera callejera del Turismo Carretera 2000.

Si bien el juez Scheibler no dispuso la prohibición de realizar la carrera, sí instó al gobierno porteño a tomar varios recaudos, tal cual se desprende de la resolución de 55 carillas.

El juez evaluó que "la única vía de circulación que podría cumplir más o menos adecuadamente la función de 'reemplazo' del tránsito pasante por las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta resulta ser la Autopista Arturo Illia, que como es público y notorio, su acceso se encuentra arancelado".

Por ello ordenó al gobierno porteño no cobrar peaje en la Autopista Illia entre el 27 y el 31 de marzo.

Asimismo, resolvió que el público de la carrera no podrá ingresar desde las avenidas Pueyrredón y Alvear, por tratarse del área de protección histórica 14, correspondiente al Ámbito Recoleta.

Scheibler exhortó a dar un estricto cumplimiento "de la totalidad de las medidas de seguridad diseñadas para el evento y sus alrededores", "de las medidas previstas para la protección de edificios catalogados, monumentos y demás bienes públicos existentes en la zona", y que se dé "estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de expendio y almacenamiento de combustibles y manejo, transporte y tratamiento de residuos peligrosos derivados de hidrocarburos".

El magistrado consideró que la vecina que hizo la presentación "no procede en defensa de un interés individual y exclusivo, sino fundamentalmente en protección de un derecho de incidencia colectiva cuya titularidad corresponde a todo habitante".