La ex ministra de Economía Felisa Miceli negó haber tenido vínculo alguno con el manejo de los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Lo hizo a través de un comunicado que difundió después de declarar como imputada en la causa por el desvío de fondos públicos en la entidad que preside Hebe de Bonafini.

"He manifestado, una vez más, que nunca he sido, ni soy, directora financiera de la fundación, ni he ejercido cargo alguno relacionado con las finanzas ni el manejo de los recursos de la entidad", explicó tras comparecer ante el juez federal a cargo del expediente, Norberto Oyarbide .

"Tampoco he confeccionado auditoría alguna ni informes relacionados con los estados financieros y/o contables de la fundación", añadió.

Acompañada por el defensor oficial Gustavo Kollman, Miceli ingresó al juzgado de Oyarbide, quien la convocó a declaración indagatoria, en la misma causa en que ya están procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, más otros 42 imputados.

En diciembre pasado, Miceli fue condenada a cuatro años de cárcel por el hallazgo en 2007 de $100.000 y algo más de u$s30.000 en el armario de su baño privado del Palacio de Hacienda, lo cual precipitó su renuncia.

Tras su salida de la cartera, Miceli pasó a trabajar en la fundación, que para entonces ya recibía millones de pesos del Tesoro por parte del Ministerio de Planificación Federal, destinados a la construcción de viviendas sociales en la Misión Sueños Compartidos.

Bonafini, que declaró como testigo, responsabilizó a los hermanos Schoklender. En tanto, la hija de Hebe, Alejandra Bonafini -ex apoderada de la fundación- fue beneficiada con la "falta de mérito".

El juez sostiene que los Schoklender manejaban fondos por $1.126 millones en la fundación y que se detectaron "muchas irregularidades" en la administración de ese dinero, según los informes elaborados por el Banco Central, la Auditoría General de la Nación y la Policía Federal.

La Policía Federal "advirtió para mayo de 2012 un déficit en la fundación de $183 millones ", y el Banco Central "encontró en los balances de los estudios contables irregularidades que superan los $25 millones".

En tanto, la Auditoría General advirtió sobre "la responsabilidad de determinados funcionarios públicos" por "contrataciones en forma directa, cuando esto está en oposición rigurosa a la ley de licitaciones públicas", remarcó el juez.

En los dos años que lleva la tramitación de esta causa, los Schoklender insistieron en apuntar hacia Hebe de Bonafini por entender que no fue ajena a los desmanejos de dinero, pero ni la fiscalía ni el juez la consideraron sospechosa.

Miceli fue la primera funcionaria kirchnerista en ser condenada por un delito de corrupción en el caso de la bolsa con dinero.

Cuando fue condenada, hizo declaraciones que impactaron en el seno del Gobierno. "Hay gravísimos casos de corrupción donde nadie llegó a juicio oral", advirtió entonces.