El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, informó que ninguno de los miembros del máximo tribunal opinará sobre los proyectos de reforma judicial enviados por el Poder Ejecutivo hasta tanto sean aprobados por el Congreso. "Quienes deben opinar y discutir son los parlamentarios", evaluó.

Sin embargo, advirtió que el cuerpo que preside actuará "con equilibrio, independencia y honestidad".

Al presentar el Plan Nacional de Capacitación Judicial, el magistrado remarcó: "Debemos ser muy respetuosos de la institucionalidad. Cuando hay un proyecto de ley, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo, nosotros participamos de la iniciativa como una institución, pero quienes deben opinar sobre las propuestas son los parlamentarios".

El magistrado argumentó que no opinaría a favor o en contra, debido a que en un el futuro la Corte podría tener que expedirse sobre la constitucionalidad de algunas de las leyes.

Tras la presentación de ayer de Cristina Kirchner, este martes ingresaron al Senado los proyectos para limitar las medidas cautelares, ampliar el número y modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y la creación de tres nuevas cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, en Civil y Comercial, Penal Económico que se sumarán a la existente de Casación Penal.

A su vez, en Diputados se recibieron las propuestas de normas para regular el ingreso igualitario y democrático de personal al Poder Judicial, para dar carácter público y libre acceso a las declaraciones juradas de funcionarios públicos y para obligar a la publicación por Internet de todas las decisiones de la Corte.

"Luego de que sean sancionadas, habrá litigios como siempre hay con toda la legislación, y es probable que algunos jueces y hasta la Corte Suprema" tengan que expedirse, señaló Lorenzetti.

"Más allá de que podamos dar una opinión judicial, lo hacemos siempre con la convicción de que estamos interpretando bien la Constitución y en beneficio del pueblo", destacó el presidente de la Corte.