La defensa de María Julia Alsogaray pidió este jueves la absolución de la ex funcionaria menemista al considerar que el caso está prescripto por el paso del tiempo.

Además, denunció un "alto grado de politización" de la causa por supuestos hechos de corrupción cuando era titular de la Secretaría de Recursos Naturales, en la década del '90.

Asimismo, la defensora oficial Pamela Biserier planteó dos nulidades ante el Tribunal Oral Federal 6. Una de ellas sobre la audiencia que tuvo lugar en la casa de Alsogaray el pasado lunes, debido a presuntos problemas de salud de su representada, ya que "careció del carácter público".

Según consignó NA, la otra nulidad fue solicitada por otra jornada de juicio en la cual le negaron la posibilidad de escuchar a dos testigos.

En un alegato que pidió el presidente del Tribunal, José Martínez Sobrino, la defensora reclamó la prescripción al cumplirse seis años desde la primera vez que se convocó a juicio.

Biserier negó que Alsogaray haya buscado la prescripción y, en ese sentido, rechazó versiones periodísticas que indicaban que había sobreactuado con sus problemas respiratorios, por los cuales fue internada: "La señora supuestamente no se enfermó, sino que hace más de un año que presentó un certificado por esta dolencia", sostuvo.

"La demora viene por los planteos que tiene la Justicia y tarda en resolver", argumentó Biserier.

La letrada ocupó su alegato en asegurar que los hechos que se le imputan a Alsogaray no merecen una investigación penal en su contra y por eso habló de un "alto grado de politización" de la causa.

"Creo que no da ni para un sumario administrativo", ironizó la defensora, al tiempo que negó que los hechos que le imputan a la ex ministra menemista hayan generado perjuicio alguno al Estado.

Durante toda la audiencia, Alsogaray se mostró atenta e incluso se quejó cuando entre el público un grupo de periodistas murmuraban, lo que incluso ameritó una queja ante el Tribunal.

María Julia está acusada de contratar sin licitación trabajos de difusión del Plan Nacional de Manejo del Fuego en 1996 a una empresa y tres particulares.

El lunes pasado el fiscal Mauricio Viera había reclamado la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.