Cinco directivos de la empresa francesa PIP (Poly Implant Proth) empezaron a ser juzgados hoy y hasta el 17 de mayo en Marsella por engaño agravado y estafa, entre otros cargos, acusados de haber fabricado implantes mamarios con un gel de silicona inadecuado.

La causa tiene más de 5.000 demandantes de varios países entre ellas 100 argentinas. Las mujeres reclaman una indemnización del estado francés del orden de los 3.000 euros para cada una.

Jean-Claude Mas, de 73 años, que en 1991 creó la empresa, pidió que se aplace el proceso, lo que será analizado por el tribunal, indicó el diario Clarín.

 Los abogados de sus cuatro colaboradores, acusados de ejecutar sus órdenes o de no impedir que se fabricasen los implantes, pidieron la anulación del proceso. Todos podrían ser condenados a una pena de hasta 5 años de prisión.

La investigación terminó a fines de 2011. Según la fiscalía, se presentaron 5.127 demandantes. Son en su mayoría francesas (95%), pero hay también argentinas, austríacas, suizas, belgas, españolas y británicas. Se calcula que 300.000 mujeres se colocaron las PIP. Todas podrán sumarse a la demanda hasta la víspera de la requisitoria de la fiscalía (sería el 14 de mayo).

La tasa de rotura de una silicona adecuada es de menos del 1% en 10 años. En las PIP, es de 17,9% en 5 años, según explicó la abogada Virginia Luna, que coordina a las 400 damnificadas argentinas que presentarán una demanda colectiva contra la ANMAT.

Los magistrados del Tribunal Correccional de Marsella deberán decidir si PIP fabricó entre 2001 y 2011 miles de prótesis que escapaban a la reglamentación.

Sólo en Francia, la Agencia del Medicamento (ANSM) calcula que 30.000 mujeres llevan esos implantes prohibidos. Las autoridades les recomendaron que se los retiren por el alto riesgo de rotura y la mitad ya lo hizo. Se estima que otras 30.000 mujeres no francesas también se colocaron esas prótesis, agregó el matutino.

La causa -en la que se presentaron 300 abogados y se tramitaron 220 denuncias de afectadas extranjeras de 65 países- tiene su origen en una investigación realizada en 2010 por la Agencia Francesa de Productos Sanitarios. Las autoridades habían sido alertadas por algunos cirujanos de la alta tasa de rotura de los implantes y descubrieron que el gel utilizado por PIP no era el mismo que habían declarado oficialmente.

Además de este juicio, quedan otros procesos pendientes, como el que instruye el Tribunal de Comercio de Toulon contra la empresa alemana de control de calidad TÜV Rheinland que había validado los implantes y al que las víctimas reclaman 50 millones de euros. También hay otros que tratarán de establecer las responsabilidades de los proveedores de siliconas de PIP y de la agencia francesa de seguridad de los productos de salud, concluyó el diario Clarín.