Advierten que la reforma judicial afectará la división de poderes y retrasará los procesos

Juristas, abogados y constitucionalistas coincidieron este martes en la Cámara de Diputados en que aspectos de la reforma judicial que impulsa el Gobierno pueden afectar la división de poderes y no procurará una justicia más ágil ni facilitará el acceso de quienes tienen menos recursos.

El titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe, criticó el cambio de composición del Consejo de la Magistratura y la forma de elección directa de los consejeros que propone el Gobierno.

Al respecto, remarcó que "se está afectando la República que se sustenta en la independencia de los tres poderes" y el equilibrio entre ellos, informó DyN.

En tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, afirmó al respecto que "la Constitución Nacional no guarda duda: el representante es elegido por el representado" y entonces la elección de jueces y abogados para integrar el Consejo "no es facultad del pueblo argentino".

El secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, aseguró por su parte que "estos proyectos de reforma nada tienen que ver con una justicia ágil" y calculó que con la creación de nuevos tribunales de Casación los procesos "se van a alargar tres, cuatro, cinco años".

En el caso de las causas de los jubilados que reclaman recomposición de haberes, Piumato pronosticó que si se aprueba la ley serán "pocos los que van a tener sentencia antes de ver agotados sus días en este mundo".

En tanto, Álvaro Herrero, de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), aceptó que "en los últimos años ha habido abusos con las (medidas) cautelares" contra el Estado, pero alertó que "esta regulación -propuesta en el proyecto- va a ser conducente a un conjunto de intereses que exceden la Ley de Medios".

De ACIJ, Ezequiel Nino aseveró que el proyecto tiene "avisos de inconstitucionalidad", mientras que el constitucionalista Alberto García Lema, de extracción peronista, indicó que "la elección de los jueces por vía de los partidos políticos tienen dificultades concretas", ya que si se aprueba la norma en estudio "implícitamente se estará derogando la interdicción que tienen los jueces para realizar actividad política".

Por último, Carlos Balbín, especialista en derecho administrativo, cuestionó que la materia de una medida cautelar contra el Estado no pueda coincidir con la de la denuncia original, por lo cual se preguntó si será posible "pedir cautelares por salud o cuestiones ambientales", lo cual fue contestado afirmativamente por la diputada Diana Conti (FpV), quien destacó que ambas cuestiones quedan expresamente salvaguardadas en el proyecto.