La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue denunciada ante la Justicia Federal por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a raíz de supuestos nombramientos ilegales que habría hecho de determinados fiscales para que los mismos le sean "incondicionales".

La denuncia presentada por el senador radical Mario Cimadevilla quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, el mismo que tiene a cargo la investigación por lavado de dinero que implica a Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Las críticas y acusaciones contra Gils Carbó (foto) se incrementaron a raíz de esta última investigación y en donde versiones periodísticas aseguran que por medio de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presionó para no imputar al empresario Lázaro Báez -amigo del ex presidente Néstor Kirchner- en esa denuncia por lavado de dinero.

Cimadevilla la acusó por haber "violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal", como consecuencia de "la designación de sujetos sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial".

Además, atribuyó a estos "ilegalmente las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público".

"La burda maniobra pone en evidencia el autoritarismo con el que se conduce, desconociendo y despreciando todo límite constitucional y legal a sus deseos e intenciones, que no son otros que la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente", aseguró el legislador en la presentación a la que accedió Infobae.

Según el senador, Gils Carbó procura "un grupo de incondicionales" y a muchos de los cuales otorgó "categorías no previstas por la ley" como "fiscales ad hoc", lo que provoca la afectación de "los derechos e intereses de los designados regularmente".

En ese sentido, la acusan de hacer abuso de sus funciones al realizar esos nombramientos y con "pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra".

Justamente, uno de los ejemplos que dio el senador es el de Carlo Gonella, titular de la PROCELAC, y quien firmara el dictamen impulsando la investigación por lavado de dinero sin incluir en la misma a Lázaro Báez.

Las primeras acusaciones contra Gils Carbó por su supuesto acercamiento con el Ejecutivo lo fueron a partir de que lidera la agrupación "Justicia legítima", una agrupación que, en línea con el gobierno nacional, reclama una "democractización" del Poder Judicial.