La Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) se sumaron al rechazo a dos de los seis proyectos oficiales por considerar que "afectan los derechos sociales fundamentales".

En una carta difundida recientemente, los letrados y magistrados de las tres entidades denunciaron que las iniciativas "no contribuyen a la democratización y mejora de la Justicia", al tiempo que exhortaron al Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura "proceda a la inmediata cobertura de las vacantes de Jueces y Magistrados existentes en ambas instancias de la Justicia Nacional del Trabajo".

Una de sus principales críticas se centró en el proyecto que promueve la creación de un nuevo tribunal de casación en la Justicia laboral por entender que "lejos de contribuir a la celeridad de los procesos judiciales, producirá una mayor dilación de los mismos, al incorporar - sin un profundo estudio y debate sobre su real necesidad - una nueva instancia que se suma a las actuales, desde el procedimiento conciliatorio previo y obligatorio hasta los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Para las asociaciones, la nueva institución "no contribuye a la seguridad jurídica". Por el contrario, señalaron que "conlleva el riesgo visible del establecimiento por tal vía de una doctrina judicial circunstancialmente obligatoria, que podrá operar como disciplinadora de la actual justicia del trabajo, que ya prevé el dictado de acuerdos plenarios, con el riesgo de dejar sin efecto señeros pronunciamientos sobre derechos fundamentales".

"La oscura redacción de la norma del proyecto, referida al Recurso de Casación introducido, parece estar destinada principalmente a amparar actos provenientes del poder del Estado, en desmedro de derechos que puedan ser considerados fundamentales de las personas", indicaron.

Los laboralistas advirtieron que "tampoco resulta claro el método que se empleará para la designación de los integrantes de la Cámara de Casación Laboral, posibilitando su integración sin concurso o a través de procedimientos abreviados, apartándose no solo de normas reglamentarias sino del propio diseño de la Constitución Nacional que rige para la designación de los magistrados".

Y añadieron que "se torna innecesaria la creación de una Cámara de Casación en lo laboral para el conocimiento de materias que ya se encuentran específicamente reguladas y que son de conocimiento de la actual Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Por otra parte, también cuestionaron el proyecto que refiere a las medidas cautelares por las consecuencias que podría tener sobre el derecho a huelga, una de las principales críticas que levantaron la mayoría de las centrales obreras contra la reforma judicial.

"El texto del artículo 17 puede afectar por su generalidad, el ejercicio regular de derechos de las personas en general y de los trabajadores en particular, amparados por garantías constitucionales y supra legales, referidos al ejercicio de medidas de acción directa", sostuvieron en la carta, firmada por el presidente de la ALAL, Luis Enrique Ramírez, el titular de ALJT, Roberto Pompa, y su par de AAL, León Piasek.