En momentos en que el Congreso debatía la reforma judicial, la procuradora Alejandra Gils Carbó anunció cambios en los mecanismos que regulan los concursos públicos para la selección de fiscales.

Según se desprende del escrito que lleva su firma, el diseño de un nuevo régimen tiene como "guía orientadora los principios de celeridad, transparencia e igualdad de oportunidades, al apuntar a que el sistema contribuya a seleccionar a los mejores candidatos y candidatas para cada cargo concursado". En ese sentido, "procura mejorar la técnica legislativa del reglamento y eliminar ambigüedades e imprecisiones".

Con el objetivo de "imprimir mayor celeridad al procedimiento, el nuevo reglamento acorta los plazos y fija aquellos que no estaban previstos para las diferentes etapas del concurso de oposición y antecedentes". A partir de esta reforma, no podrán durar más de seis meses.

Por otro lado, el nuevo reglamento busca "adecuar el procedimiento a la búsqueda de un nuevo perfil de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y eficiente"

La resolución asegura que "se mantiene el rol protagónico del tribunal colegiado -que se conformará por cinco fiscales tal cual indica la LOMP-, y el carácter obligatorio y vinculante del dictamen final del tribunal respecto de la Procuradora General".

"A fin de asegurar mayor transparencia en la corrección de los exámenes se ha establecido el sorteo previo del expediente o temario, el sistema de anonimato para la corrección de las pruebas escritas y la grabación y/o filmación de las pruebas orales", indica el texto, en el que también se informa una mayor publicidad de los procedimientos.

Además, otro de los puntos señala que "para asegurar la imparcialidad del tribunal evaluador se elimina el requisito de elegir a sus integrantes entre los fiscales que se encuentren en la misma jurisdicción territorial de la vacante a concursar, y sólo se mantienen los criterios fijados por la ley n° 24.946: fiscales que posean determinada jerarquía y con preferencia del fuero (nacional o federal) de la vacante concursada".

En cuanto a las regulaciones que se incorporan para promover la igualdad de oportunidades en los concursos, "se proclama expresamente que quienes provengan del Ministerio Público Fiscal o sean funcionarios judiciales en general, gozarán de los mismos derechos que cualquier otra persona interesada".