La Corte Suprema de Justicia rechazará cualquier intento del Gobierno de canjear unos 5.000 millones de pesos de ahorro presupuestario por bonos.

Así se desprende de un acuerdo que celebraron los siete jueces de la Corte, en el que coincidieron en que el cambio introducido sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en cuanto al manejo de las cuestiones administrativas, es opuesto a las aspiraciones de lograr una autarquía financiera.

Según indicaron fuentes judiciales, el proyecto prevé una unificación entre los presupuestos de la Justicia y del Poder Ejecutivo y asigna al Gobierno la posibilidad de tomar fondos que sean excedentes del Poder Judicial y canjearlos por bonos.

En el acuerdo los jueces se manifestaron en contra de ese aspecto, más allá de celebrar la reforma en cuanto al manejo de las cuestiones administrativas y de superintendencia, las cuales -en una primera instancia- iban a quedar en forma total en manos del Consejo de la Magistratura.

"La Corte, como cabeza de uno de los poderes del Estado, debía conservar la superintendencia del Poder Judicial, porque de otra manera quedaría vacía, no podría desarrollar las políticas que viene implementando desde hace varios años", sostuvo una fuente del tribunal al hablar del proyecto original.

En la Corte consideraron que nunca funcionó correctamente el manejo de las cuestiones administrativas por parte del Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales le fueron trasferidas en los últimos años.

Ahora, el Máximo Tribunal se mostró en desacuerdo con la modificación que ahora evaluará el Senado respecto a la colocación de bonos.

Ante el rumor de renuncias, fuentes del Tribunal aseguraron que ante sus pares el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo: "Mientras yo esté en el tribunal, eso no va a pasar. Y si pasa, yo no me voy a quedar para consentirlo".