La titular de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia judicial, la brasileña Gabriela Knaul, afirmó que existe en la Argentina "un potencial riesgo de que se rompa la independencia" del Poder Judicial por la reforma que impulsa el gobierno de Cristina Kirchner.

"La democratización es importante, pero la Justicia no es del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo", aseveró la funcionaria internacional, en declaraciones realizadas a radio Mitre. Además, aclaró que "la Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que hace a la aplicación de la Ley".

Knaul ratificó su advertencia al Gobierno, luego de que la Casa Rosada reaccionara en su contra el martes pasado.

La Cancillería, cartera que conduce Héctor Timerman, calificó de "insólita actitud" la demanda de la relatora y la acusó de "falta de imparcialidad, mesura y equilibrio" en su mandato.

"Yo estoy muy preocupada por la reforma y mandé mi preocupación al Gobierno", expresó Knaul, actuó luego de haber recibido denuncias desde el país, aunque no especificó por parte de quienes. "Antes del comunicado de prensa pedimos explicaciones al Gobierno a través de una carta. Lo enviamos la semana pasada, pero hasta el momento no recibí una respuesta. Desconozco tal pedido de Timerman", señaló.

En su crítica, Knaul apuntó específicamente a dos de los seis proyectos de ley: el que introduce cambios en el Consejo de la Magistratura y la restricción a las medidas cautelares contra el Estado.

"Elegir los consejeros por elección popular, que los académicos tengan candidaturas partidarias y que la elección se haga por medio de comicios abiertos, me parece que genera grandes probabilidades de que se politice el Consejo", resaltó la relatora.

"Si la reforma se da, ¿cuál será la garantía del ciudadano argentino de que va a tener acceso a jueces imparciales?", se preguntó. "¿Por qué hay necesidad de vincular a los consejeros con los partidos?", añadió.

Sobre las medidas cautelares que, salvo excepciones, tendrán un límite de seis meses para su aplicación, Knaul señaló: "El proyecto de las medidas cautelares impide a los ciudadanos la posibilidad de tener un poder de protección".