La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán y enfrentará una causa judicial por la presunta designación irregular de fiscales a través de la creación de distintas Procuradurías.

El promotor de la denuncia fue el senador radical y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla. Y en base a esa demanda, fue el fiscal quien requirió los expedientes administrativos de las designaciones y también copias certificadas de los "legajos personales" de los nombrados.

En este marco, el legislador sumará a su denuncia más pruebas sobre la maniobra que realizó la funcionaria nacional. El informe, realizado por el estudio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni, concluye que "la creación de las procuradurías, nacidas al margen de la Constitución y de las leyes, podría decirse que son órganos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución nacional".

Según consignó infobae.com, la denuncia sobre la jefa de los fiscales por "incumplimiento de deberes" y "nombramiento ilegal de funcionarios" apunta particularmente a las designaciones de Carlos Gonella al frente de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), así como por la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó ubicó a Félix Crous, ex fiscal en juicios por derechos humanos.

Según el trabajo, al que tuvo acceso el portal, "la creación de estos órganos avasalla la garantía de ‘fiscal titular o natural' porque los funcionarios que la integran no han sido nombrados de acuerdo con la Constitución y las leyes de la Nación" y "con ese título, se designa a una magistratura particular equiparable a la de los jueces".