El juez federal Sebastián Casanello desestimó la denuncia contra la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el nombramiento de fiscales subrogantes al entender que es una práctica "no novedosa" llevada adelante desde gestiones previas a la de la actual funcionaria.

Agregó que la decisión fue avalada en base a "los principios que gobiernan el organismo" y que "emanan del artículo 120 de la Constitución Nacional".

"El Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia" ante una situación "excepcional en la que faltan fiscales", consideró Casanello al desestimar la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, según la resolución a la que accedió Télam.

Según la denuncia, a partir de la cual el fiscal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación penal, Gils Carbó realizó varios nombramientos irregulares de fiscales ad hoc o subrogantes, uno de ellos a Carlos Gonella, titular de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y a quien se criticó por supuestamente omitir denunciar en un primer momento al empresario Lázaro Báez.