Desde el momento en que anunció el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial, el Gobierno se propuso aprobarlo en tiempo récord y lo está logrando. No porque no haya despertado objeciones, sino por el simple mecanismo de ignorarlas o de incorporar sólo algunas modificaciones menores.

En este sentido, este miércoles logró un nuevo avance cuando el Senado convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura.

El oficialismo obtuvo 38 votos a favor, y 30 en contra, de la oposición. Y así logró uno más de los que necesitaba para que el proyecto se transforme en ley.

Un debate más corto de lo previstoEl Senado había comenzado el debate a las 13 y terminó antes de lo esperado, ya que muchos preveían que iba a durar al menos hasta la madrugada.

Antes de abocarse a discutir esas medidas, el oficialismo había impuesto su número para aprobar los pliegos de 21 conjueces para la Patagonia, pese a las denuncias de opositores respecto a una presunta motivación política para tales designaciones.

El Frente para la Victoria dio, además, el visto bueno a una declaración propuesta de la UCR para manifestar su "repudio y preocupación" por las amenazas que recibió el fiscal Guillermo Marijuán, quien investiga el caso de lavado de dinero que estalló en las últimas semanas.

Así, finalmente, el pleno de la Cámara alta inició el debate sobre la modificación del Consejo de la Magistratura poco antes de las 15. 

La oposición parecía haberse resignado de antemano a que el kirchnerismo iba a hacer valer una vez más su mayoría y a que, con el respaldo de sus aliados, iba a sancionar la ley que establece la ampliación y la elección por voto directo de los ciudadanos de 12 de los miembros de este ámbito clave del Poder Judicial.

De todos modos, durante la sesión uno a uno los representantes de las bancadas antikirchneristas fueron vertiendo sus objeciones contra la medida.

El radical Gerardo Morales alertó que el oficialismo pretende "meter mano" en los fondos del Poder Judicial, mientras que su compañero de bloque Ernesto Sanz dijo que la iniciativa busca "controlar un organismo que todavía no puede dominar". Por su parte, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente) denunció que se trata de un nuevo intento por "avanzar hacia la suma del poder público".

Al amparo de su mayoría y del vacío que tiene enfrente, el oficialismo ya había logrado la creación de Cámaras de Casación en tres fueros clave -Contencioso Administrativo, Civil y Comercial, Trabajo y Seguridad Social- y la reglamentación de las medidas cautelares en juicios contra el Estado; un proyecto que prácticamente las cancela.

Casación: embudo y demorasLa iniciativa sobre los tribunales de Casación, al crear una tercera instancia judicial, implicará una extensión de todos los procesos de entre 2 y 3 años. Fernando Frávega, secretario de la organización Será Justicia, señaló que mientras "en el fuero de la seguridad social los juicios duran hoy siete años en promedio", con esta ley rondarán los nueve.

El otro aspecto inquietante es que las nuevas cámaras podrán conformarse con jueces subrogantes y/o conjueces, lo que deja su designación al arbitrio del Ejecutivo con la sola aprobación del Senado. Esto da una idea del grado de presión a la que serán susceptibles, lo que, combinado con la facultad que tienen los jueces de prorrogar sus propios plazos, autoriza a pensar que la finalidad de la creación de estas nuevas instancias no es aligerar el trabajo -eventual- de la Corte Suprema, sino quitarle poder y oficiar de tapón para aquellas causas que el Ejecutivo no desee ver avanzar. Por caso, los juicios por ajustes jubilatorios.

Adiós a las cautelares

En tanto, la reglamentación de las cautelares en los juicios contra el Estado también impondrá más límitaciones al ciudadano para ejercer sus derechos. La acción de amparo que un individuo inicia ante una ley o medida del Gobierno que considera lesiva a sus intereses -caso del corralito en 2001- no tendría efecto si no existiera la medida cautelar que dicta un juez para que se suspendan los efectos del acto administrativo que originó la demanda ciudadana hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En el mismo ejemplo del 2001, las cautelares habilitaron a los damnificados a retirar parte de sus ahorros atrapados en los bancos.

Con la nueva ley, para que una medida cautelar contra el Estado avance, el particular deberá demostrar que están en juego la vida, la seguridad del medio ambiente o la libertad de la persona. Es fácil ver hasta qué punto se restringen las posibilidades de obtener cautelares.

Además, de dictarse, tendrán un plazo de seis meses para el dictamen sobre la cuestión de fondo, con el "detalle" de que la sola apelación del Estado suspende la cautelar, con lo cual la finalidad de la misma -evitar el daño que le puede causar al ciudadano una ley o medida arbitraria del Estado- queda desvirtuada.

Reclutamiento democrático del personal judicial 

La ley que establece que el acceso al escalafón judicial se haga mediante examen y luego sorteo ya tiene media sanción. No se aprobará este miércoles en el Senado por algunas modificaciones menores que obligan a un nuevo paso por Diputados. Es el proyecto menos objetable. Desde 1994, los jueces se eligen por concurso, pero no sucede lo mismo con los demás funcionarios judiciales, de secretarios para abajo. Con esta reforma, los aspirantes deberán pasar un examen y entre quienes aprueben se hará un sorteo de las vacantes a cubrir.

Lo que no se entiende es por qué el Ejecutivo, que recluta discrecionalmente a su personal, no adopta para sí la modalidad que va a imponerle al Poder Judicial. Salvo algunos nichos en los cuales pesan los antecedentes técnico-profesionales -léase, Banco Central, Banco Nación, AFIP- en el resto de los organismos del Estado la incorporación de personal se hace por adscripción, es decir, "a dedo", lo que permite que pese más la afinidad política o personal que la idoneidad. 

Menos publicidad en las declaraciones juradas

Este proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción y posiblemente se apruebe este miércoles, extiende la obligatoriedad de dar a conocer las declaraciones juradas a los miembros del Poder Judicial -hasta ahora las de los jueces se presentaban pero no se publicaban.

Al mismo tiempo las uniformiza con las de los otros poderes, lo que sería positivo si no fuera porque al mismo tiempo reduce la cantidad de información exigida. Más grave aún, deja el control de las mismas en manos de la ciudadanía, algo que puede sonar a mayor transparencia pero en la práctica es al revés. La finalidad original de estas declaraciones no es solamente prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios sino también controlar incompatibilidades entre cargos e intereses.

Sin embargo, los nuevos formularios no requerirán los antecedentes previos -cargos públicos y privados- del funcionario, datos que permiten detectar incompatibilidades. Sin mencionar que el ciudadano común carece de conocimientos técnicos para ejercer un control eficiente de estas declaraciones. 

Transparencia sí, informatización no

Otro proyecto del paquete de reforma judicial prevé la obligatoriedad de dar a publicidad en Internet los fallos, acordadas, resoluciones y sentencias del Poder judicial, el mismo día de su dictado. Aunque esta medida no recibió críticas, la mayoría de los jueces y abogados recordaron que ya se aplica en buena parte del país y de las instancias judiciales.

La consulta de las causas por Internet es algo que ya existe en buena medida. En cambio, no se contempla en el proyecto una verdadera informatización de la Justicia que redundaría en un acortamiento de los procesos. Como lo señaló a Infobae Claudio Kiper, juez de la Cámara Civil, "la principal deuda de la Justicia es su lentitud". "En el fuero civil, las causas demoran 3, 4 años -explicó. La solución sería la informatización del poder judicial. Algún día va a haber una justicia digital, donde se pueda presentar un expediente sin necesidad de ir a los juzgados y hacer cola, el abogado consultarlo desde su estudio y el juez recibir material en la computadora. Eso ahorraría mucho tiempo, pero no veo que se discuta en esta reforma".

Control político de la Magistratura

Finalmente, el principal proyecto que el Senado debatirá en la sesión de este miércoles es el que modifica la composición del Consejo de la Magistratura, con el propósito de logar una mayor influencia política sobre el organismo.

La reforma presentada por la Presidente eleva de 13 a 19 los miembros del consejo: 3 jueces, 3 abogados, 6 académicos (no necesariamente juristas), 3 senadores, 3 diputados y 1 representante del Ejecutivo. De esos 19 cargos, 12 serán elegidos directamente por voto popular: los 3 jueces, los 3 abogados y los 6 académicos. Los otros 7 se seguirán designando igual que ahora: 4 legisladores seleccionados por la mayoría parlamentaria, 2 por la primera minoría, y 1 representante del Ejecutivo.

Esto significa que en adelante ni los jueces ni los abogados serán elegidos por sus pares, como es hasta ahora. Es uno de los puntos por los que los expertos tildan de inconstitucional esta ley.

Otro cambio para nada menor es que el Consejo ya no necesitará el voto de dos tercios de sus integrantes para designar o promover a los jueces: bastará la mitad más uno, es decir, diez.

El nuevo Consejo debería entrar en vigencia tras las elecciones de 2015, cuando vencen los mandatos de los actuales miembros. Pero como el oficialismo está urgido por aumentar su peso en ese organismo, agregó una cláusula excepcional al proyecto, por la cual en las próximas elecciones se votará consejeros con mandato especial de 2 años en vez de 4. Por lo tanto, en la transición, la composición del consejo será de 25 miembros.

La elección de los consejeros se hará por medio de boletas de los partidos políticos en elecciones generales. La fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos colocará 8 consejeros y la que le siga, cuatro.

Esta nueva composición del Consejo de la Magistratura le permitirá al Gobierno controlar a los jueces con sólo obtener el 40 por ciento de los votos en las próximas legislativas.

Actualmente el oficialismo no dispone de los dos tercios que le permiten la remoción de jueces. Este límite quedará sorteado mediante la ampliación del Consejo y el cambio de mayorías exigidas.