Cinco días después de que el Senado aprobara la lista de conjueces (jueces suplentes) para la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia -que generó revuelo por estar integrada por tres abogados relacionados con el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero- la presidenta, Cristina Kirchner decretó la designación de los magistrados.

El decreto presidencial 520/2013, publicado este martes, cita al "acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación" de la semana pasada para designar a los 21 nuevos conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

Entre ellos figuran aquellos tres abogados presuntamente relacionados con Lázaro Báez, actualmente investigado por lavado de dinero proveniente de la obra pública en Santa Cruz y Chubut: Facundo Julián González Figueroa, Eduardo Javier González y Alejandro Andrés Baldini.

El decreto está firmado por la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak.

El miércoles pasado, en la Cámara alta, el senador radical Mario Cimadevilla denunció apenas aprobada la lista de 21 conjueces que Facundo González Figueroa "es uno de los abogados de Lázaro Báez" y agregó que además es familiar de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social "allegada" a la titular de esa cartera, Alicia Kirchner.

Además, Eduardo Javier González y Alejandro Baldini son abogados de Río Gallegos de estrecho vínculo con Báez y con Osvaldo San Felice, socio de Máximo Kirchner. Justamente en esa localidad es donde el empresario llevó a cabo la mayor cantidad de obras públicas que hoy están cuestionadas.

Según el diario La Nación, Baldini compartió estudio con Roberto Saldivia, el histórico abogado de Báez. En 2011 le vendió la empresa BMC SRL a San Felice, el hombre que administra las propiedades de los Kirchner. En 2006 Baldini le cedió Valle Mitre SRL a Leandro Albornoz, el escribano de Báez. A través de ella administran el hotel Alto Calafate (de la familia Kirchner) y emprendimientos turísticos de Báez.

Las denuncias de Cimadevilla despertaron rápidamente críticas en la oposición, mientras que el oficialismo negó que la designación de letrados cercano a Báez pueda intervenir en la causa por la que se investiga al empresario kirchnerista.

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Entre la veintena de jueces suplentes, también aparecen abogados relacionados con miembros del Gobierno y la familia presidencial, agregó el matutino.

La abogada Leticia Jaramillo Quinteros, por ejemplo, es socia del estudio de Alessandra Minicelli, esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido.

El letrado Mauricio Mariani es jefe de la División Jurídica de la AFIP de Río Gallegos, tercero en el organigrama de la entidad detrás de María Virginia García, militante de La Cámpora y cuñada de Máximo Kirchner. Es además hijo del juez Mauricio Mariani, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia y hombre vinculado al kirchnerismo.

Además, el ex juez de paz de Río Gallegos Francisco Luis Metaza es primo hermano del actual diputado nacional por Santa Cruz Mario Metaza, un ultrakirchnerista que fue concejal y, durante una década, director de la Casa de Santa Cruz, sede de las reuniones K en Buenos Aires.

Cimadevilla también denunció que Rosa González "es la actual secretaria de Asuntos Institucionales del gobernador de Chubut, Martín Buzzi". Antes, González había sido secretaria de Desarrollo Social y secretaria privada durante la gestión de Buzzi como intendente de Comodoro Rivadavia (2007 y 2011).

El senador señaló finalmente que Ana Carolina Zilberberg "tiene 369 cheques rechazados por falta de fondos".

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia entiende en las apelaciones de todas las causas de corrupción de las provincias de la Patagonia Austral (Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego)..