Un plenario de comisiones en el Senado emitió dictamen favorable al proyecto que permite el blanqueo de capitales. Durante la reunión se escucharon a varios especialistas y la mayoría se opuso al proyecto por la inequidad entre que los cumplen con sus obligaciones tributarias y los que no.

La discusión se inició este martes a las 15 y se extendió hasta apenas después de las 21. Disertaron una docena de juristas, economistas, ex funcionarios y empresarios, que en su mayoría criticaron la propuesta del oficialismo, con excepción de la Unión Industrial Argentina, que evitó pronunciarse abiertamente. La oposición exigió, en tanto, la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

Los cuestionamientos apuntaron, en general, a la inequidad que el programa plantea entre los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y aquellos presuntos evasores que ahora se verían beneficiados.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, enfatizó que "el proyecto promueve medidas que no van a ser auditadas".

En tanto, el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, criticó los fundamentos del proyecto, al que calificó como "Frankestein" y "engendro", y estimó que "en el mejor de los casos podrían obtenerse entre 500 y 1.500 millones de dólares".

El ex presidente del Banco Central Javier González Fraga consideró que "la ley será ineficaz en alcanzar los objetivos que persigue" y dijo que convertirá al "país en un paraíso fiscal". En el mismo sentido se pronunció el también ex presidente del BCRA Aldo Pignanelli, quien se lamentó por el deterioro de la economía, situación a la que atribuyó la propuesta oficial.

Por su parte, Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de Néstor Kirchner con Roberto Lavagna como ministro de Economía, sostuvo que "la ley presenta objeciones éticas y de disciplina tributaria de largo plazo".

Mientras, la posición de la UIA fue expresada además por el presidente de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, y los industriales se limitaron a solicitar que "los fondos sean dirigidos a unidades nuevas y que se extienda a galpones y productos de fábrica" y sugirieron que parte del dinero "pueda volcarse al incentivo de economías regionales".

Aunque, acorralado por el embate opositor, aceptó incluir la prohibición de blanqueo de capitales a familiares de personas con causa judicial. No obstante, esto no conformó a la oposición. "El proyecto dice que se exceptúa a los que tengan sentencia firme, no a los denunciados, por lo tanto Lázaro Báez podría blanquear ", denunció Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal.