El anterior blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner, en 2009, benefició al empresario Lázaro Báez, hoy acusado de lavado de dinero. Con esa medida, caducó la investigación por evasión que la AFIP tenía contra dos de sus compañías, Austral Construcciones y Gotti Hermanos. Lo que se le reclamaba eran $400 millones con el uso de facturas apócrifas.

La alerta fue dada por Alberto Abad, ex director del organismo fiscal durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ante tres comisiones del Senado y confirmada por el senador radical, Ernesto Sanz, quien precisó que la presión política ejercida por la Casa Rosada terminó con la renuncia y el desplazamiento de una docena de funcionarios del ente recaudador.

"Esto no hace más que avalar lo que decimos acerca de este nuevo blanqueo: que va a favorecer a los amigos del poder y va a abrir la puerta al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas", aseguró Sanz al diario La Nación.

"Por eso el kirchnerismo no puede traer a Sbattella (José, director de la Unidad de Información Financiera sobre lavado de dinero) al Senado, porque no puede decir los nombres de los beneficiados con el blanqueo anterior", agregó.

La revelación fue realizada por Abad martes en su exposición ante tres comisiones del Senado, en la que intentó alertar sobre el impacto negativo que el proyecto de "exteriorización de capitales", que impulsa el kirchnerismo y que discute la Cámara alta, tendrá sobre la cultura tributaria del país.

"En la moratoria anterior cayeron causas en la que estaban involucradas importantes empresas constructoras, de servicios públicos, supermercados y bancos", dijo Abad.

"Por eso no podemos ver este proyecto sin analizar el pasado, sobre todo cuando el pasado está presente", alertó el ex jefe de los recaudadores. Y evitó entrar en mayores precisiones, adujo que se lo impedía el secreto fiscal que su ex función aún le impone, pero Sanz tomó el guante y completó lo que el ex funcionario no pudo decir.

"Lo que acabamos de escuchar va a retumbar en las paredes de este Congreso", arrancó el legislador radical, tras lo cual le puso nombre y apellido a una de las personas beneficiadas por el anterior blanqueo.

"Lo que Abad no puede decir es que Austral Construcciones, de Lázaro Báez, estaba siendo investigada por evasión de $400 millones y que funcionarios de la AFIP honestos y decentes fueron desplazados sólo por haberse atrevido a investigarlo", denunció.

Sanz amplió la información. Dijo que entre las empresas investigadas también se encontraban las firmas Badial, Gotti Hermanos y Juan Felipe Gancedo, todas dedicadas a la construcción y vinculadas con el empresario kirchnerista, "involucradas en una causa por facturación trucha".

Aquel expediente corrió paralelo al de la sueca Skanska, uno de los primeros casos de corrupción que salpicaron a las administraciones kirchneristas. Esa investigación se centró en la emisión de facturas apócrifas y en la sospecha de que esos documentos escondían el pago de coimas.

Pero Sanz destacó que en el caso de las empresas vinculadas a Báez la investigación fue detenida por una orden directa de la Casa Rosada, al punto de que les costó el cargo a varios funcionarios técnicos de la AFIP. "Abad bancó la investigación, pero desde el Gobierno hicieron todo lo posible para cortarla", explicó.

La historia concluyó con la renuncia de Horacio Castagnola, entonces al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), segundo cargo en importancia de la AFIP. Para Sanz, el funcionario "fue renunciado" por negarse a cajonear el expediente que involucraba a Báez.

Por último, Sanz sostuvo que el anterior blanqueo también benefició a otro empresario de fuertes contactos con el kirchnerismo. "La ley de 2009 fue hecha para Lázaro Báez y Cristóbal López. El monto involucrado era de unos $2.000 millones", aseguró. Según el senador mendocino, aquella ley permitió a López "blanquear los $1.600 millones que utilizó para comprar Oil", la petrolera que está por quedarse con la brasileña Petrobras.