En la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro fue presentada una iniciativa legislativa para regular los contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto fija en tres años, como plazo mínimo, los contratos con destino de vivienda y establece que el precio del alquiler mensual no podrá superar al 0,7% del valor inmobiliario de referencia del inmueble.

Asimismo, contempla que las casas desocupadas -como "contraria al interés social"- serán gravadas por el triple de su tributación en los casos en que lleven deshabitadas más de un año.

"Esta ley viene a equilibrar un mercado en el que el gobierno porteño ha dejado que el libre juego del mercado especule sobre su propia falta de políticas habitacionales", fundamentó el legislador del Frente Progresista Popular (FPP), Aníbal Ibarra.

En ese sentido, el ex jefe de Gobierno apuntó que "la Ciudad de Buenos Aires tiene un claro desequilibrio en el mercado de los alquileres, en el que los inquilinos deben cumplir con condiciones cada vez más costosas, mientras que muchas viviendas permanecen ociosas por la especulación inmobiliaria". "Esa situación debe ser subsanada por el Estado, que es quien debe garantizar el derecho a una vivienda digna", reclamó.

En el mismo sentido fueron las palabras de La legisladora del FPP, María Elena Naddeo, quien justificó la presentación de la iniciativa con una denuncia: "Las constructoras han elegido realizar torres de departamentos suntuosos en lugar de viviendas familiares, y el gobierno porteño nunca presentó un proyecto de soluciones habitacionales que compense eso ni intentó regular el mercado para evitar este desequilibrio".

En tanto, el legislador de Nuevo Encuientro (NE), Edgardo Form, se adelantó a las críticas y aclaró: "Esta no es una norma contra los propietarios, es una norma para proteger a los inquilinos, para garantizar que todos los porteños puedan acceder a un techo".

Finalmente, el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, consideró que el proyecto "piensa en la familia de muchos laburantes que no pueden acceder a los pocos planes de vivienda del gobierno porteño y que terminan en un mercado de alquileres donde, a falta de un Estado presente, el mercado les impone las condiciones que se le cantan".

"Creemos en un Estado garante de la igualdad de oportunidades, en un Estado presente que evite abusos sobre los más débiles; por eso los trabajadores apoyamos esta norma y alentamos la regulación del mercado inmobiliario por parte del Estado", completó.