La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ), Silvina Alejandra Martínez, que fue despedida el año pasado, denunció que el organismo "está manejado por el miedo" y afirmó que "las denuncias consideradas complicadas eran frenadas".

La ex funcionaria de la dependencia encargada de registrar la inscripción de las sociedades comerciales y otorgar personería jurídica a las entidades civiles también manifestó que el organismo niega o retrasa las respuestas, con pedido de información, a jueces, periodistas, fiscales y legisladores.

Además, dio detalles de su despido al sostener que fue por negarse a acatar algunas órdenes de sus superiores que para ella constituían delitos y remarcó que cuando denunció esta situación por escrito al ministro de Justicia, Julio Alak, fue echada.

En una entrevista concedida al diario La Nación, reveló que desde la llegada de Gustavo Varela, el número dos de la IGJ, al organismo, comenzó a ser "bastante problemático el trámite interno" para responder oficios judiciales. "Las denuncias que se consideraban de alguna manera 'complicadas' porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por Varela y por quienes trabajan con él", expresó.

Ante la pregunta sobre una de esas causas, Martínez nombró el caso "Ciccone", que involucra al vicepresidente Amado Boudou porque, aseguró, los oficios de respuesta no salían y afirmó que la IGJ ya tenía "listas las respuestas desde mucho tiempo antes del momento en que se los envió a la Justicia".

Ante la negativa a conceder pedidos de informes a periodistas o legisladores, señaló que "quedaban incluidos en un filtro" y enfatizó que "Varela pedía todos los oficios y pedidos de informes que tuvieran relación con alguno de los casos que él estaba siguiendo de cerca bajo órdenes del ministerio".

Martínez manifestó que la política del organismo era "nunca" responder esos pedidos y afirmó que la echaron porque se negó a acatar órdenes para que no conteste esos oficios y pedidos.

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades también sostuvo que la IGJ "es un organismo manejado por el miedo, donde no se toma en cuenta la carrera administrativa o la capacidad".

Por último, relató que entre mayo y junio de 2012, su situación dentro del organismo "se volvió insostenible" y ante ese escenario decidió tomarse una licencia médica de una semana y cuando volvió su oficina había sido desmantelada.