El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, volvió a sufrir un revés en la Justicia ya que la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó reinstalar en su antiguo puesto a la ex coordinadora del IPC Nacional desplazada, Marcela Almeida, y a pagarle una multa por "daño moral".

"No puedo sino concluir que la actora fue víctima de un trato persecutorio y/o discriminatorio como consecuencia de los reclamos que efectuaran los trabajadores del INDEC, por su participación en los conflictos colectivos que allí se plantearon y su postulación para un cargo de representación sindical", afirma la sentencia defendida por el diario La Nación.

"Resulta inadmisible validar la comisión de actos o prácticas discriminatorias, persecutorias o que vulneren la dignidad de la persona humana en cualquier ámbito que se desenvuelva y obviamente, también en su vida laboral, sea su empleador privado o ente público", confirma la cámara.

El fallo reafirma, además, que Almeida fue víctima de fraude laboral porque comenzó a trabajar en el Indec en julio de 2003 con un "contrato fraudulento" entre ese instituto y la Dirección General de Estadística y Censos (Dgeyc) de la ciudad de Buenos Aires -que depende de Mauricio Macri- pese a que cumplía "tareas propias del plantel permanente del organismo".

Según explica la sentencia, esa inestabilidad laboral facilitó "las prácticas persecutorias y discriminatorias" de las que comenzó a ser víctima luego de la intervención de facto del instituto estadístico, a fines de enero de 2007.

Almeida fue uno de los testigos clave en las investigaciones en la causa federal contra el falseamiento de los índices de inflación en el INDEC y fue desplazada de su puesto a fines de 2007, cuando le quitaron sus tareas, su password para ingresar en el sistema estadístico, su escritorio y el personal a su cargo, agregó el matutino.

El caso de Almeida volvió a tomar notoriedad en las últimas semanas debido a que la Dgeyc porteña decidió dar de baja su contrato de trabajo, por lo que, además de desplazada, la técnica no cobra su salario desde hace unos tres meses, remarcó La Nación.

"Es lo máximo que esperábamos. Sabíamos que teníamos razón desde hace cinco años, cuando empezamos este juicio", dijo Almeida al matutino. La técnica no sabe todavía cuándo será reincorporada -por medio de un vínculo laboral que no contradiga la ley- ni cuándo volverá a recibir su salario. "Va a haber que pelearla. Nada será automático."

El fallo de cámara afirma que, como indicara el juez Osvaldo Rappa, de primera instancia, la condena a reinstalar a la trabajadora "debe ser confirmada".

Y agrega: "A esta altura no se puede soslayar la participación que le cupo a la modalidad contractual implementada con relación a la actora, que ha tenido vinculación y proyectado sus efectos en la persecución y en los actos y conductas discriminatorios reseñados".

En ese sentido, el fallo de la cámara hace responsable "solidariamente" por el daño moral al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y lo obliga, junto con el INDEC, a afrontar las consecuencias patrimoniales, o sea una multa que llega a los 40.000 pesos.