El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, habría mantenido oculta una cuenta bancaria en una institución suiza, para evitar pagar los impuestos correspondientes.

Los fondos omitidos en las declaraciones juradas impositivas se mantuvieron en esa condición por lo menos hasta fines de 2009, en el banco Credit Suisse.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo ayer que no estaba en condiciones de confirmar la existencia de esa cuenta pero que por tratarse de un juez de la Corte Suprema no estaba en condiciones de ingresar en el blanqueo de capitales y moratoria de 2009 ni al que se abrió desde el lunes.

Echegaray consideró que “no corresponde” y es “impropio” que la Corte Suprema de Justicia le pida a su organismo una reunión “para tratar cuestiones estrictamente individuales de un contribuyente”, luego de la denuncia sobre una supuesta investigación contra Lorenzetti.

“Es un abordaje impropio que la Corte Suprema de Justicia de manera institucional nos peticione una audiencia para tratar cuestiones estrictamente individuales de un contribuyente o de sus familiares”, resaltó Echegaray en conferencia de prensa.

El funcionario nacional se expresó de esta forma luego de que la semana pasada la Corte hablara de una presunta persecución tributaria sobre su titular e informara que buscaría “aclarar la situación” a través de una audiencia con la AFIP.

La AFIP detectó una operación de compra de un inmueble en Puerto Madero, realizada por la empresa Ratio, donde son socios los hijos de Lorenzetti, a una firma radicada en Gran Bretaña, como parte de los controles habituales que se realizan en los casos que involucra a empresas extranjeras o radicadas en otros países.

Esa compra del inmueble fue declarada por la sociedad de los hijos de Lorenzetti.

Paralelo a ese control habitual, el presidente de la Corte recibió una carta tipo de la AFIP, recordando los plazos para regularizar a los empleados domésticos de acuerdo con la nueva ley.

La misiva se envió a miles de contribuyentes de medios y altos ingresos, como el caso de Lorenzetti, y responde a la política de percepción del riesgo que aplica el organismo recaudador para desalentar las prácticas evasivas.

“Yo hace 21 años que estoy en esta institución y jamás vi algo así, que la Corte en la reunión de acuerdos evalúe si me van a denunciar por algo que ni siquiera confirmaron”, se quejó Echegaray, luego de que el cuerpo dejara trascender que había analizado esa posibilidad.

“Nunca vi que una institución de la República se ocupe de las cuestiones privadas de un particular”, cuestionó. A la vez, señaló que no está “evaluando hacer denuncias”, pero recalcó que ve “amenazada la función que tiene la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes”.

“Es un acto impropio de la Corte avanzar sobre las tareas propias de la AFIP y no estaría dando garantías de la calidad institucional y la división de poderes”, enfatizó Echegaray, y aclaró: “No pensamos mantener una reunión con la Corte por temas personales”.