El Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), que comenzará a regir desde el 17 de julio, tendrá dos versiones: una para el público, la registral; y otra para inversores institucionales, la cartular. Pero además se mantendrá el Pagaré como tercera opción para ser utilizada en los estados contables de las empresas.

Este título también podrá adquirirse en pesos en el mercado alternativo, que será operado además libremente por cualquier entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Aportará un interés del 4% anual y podrá ser comercializado por cualquier banco en su versión registral, mientras que la colocación de la cartular será una operación exclusiva del Banco Nación.

Así lo explicaron el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el subsecretario de Financiamiento, Germán Plessen. Según fuentes del equipo económico de Hernán Lorenzino, esta versión de la oferta de repatriación de capitales debería ser, además, el instrumento preferido para canalizar pesos para comprar un instrumento en dólares, intentando debilitar la demanda del dólar "blue".

El título en el que más expectativas pone el equipo económico que maneja Lorenzino, tendrá así una versión cartular y una registral; y ambas podrán, además, ser emitidas en la forma Pagaré, como el resto de los títulos públicos en circulación. La esperanza oficial es que en el caso de las personas jurídicas (especialmente las medianas y grandes compañías que quieran blanquear capital no registrado), opten por este título público; que se acomodaría perfectamente a los estados contables de los privados en sus dos versiones.

También, interpretan en Economía, sería útil para los grandes contribuyentes nacionales que tienen grandes volúmenes de dinero para declarar, y que ya tienen tenencias en deuda pública soberana de otras emisiones. Este tipo de activos no paga Impuesto a las Ganancias, y puede ser luego vendido en un nuevo mercado secundario del Baade que el Gobierno quiere crear lo más rápido posible luego a la sanción de la ley.

Sólo por él, el Gobierno quiere obtener no menos de u$s2.000 millones (de un total de entre u$s 4.000 y u$s 5.000 que podrían obtenerse por todo el blanqueo), los que servirían para cerrar el año de inversiones de YPF y avanzar en la infraestructura energética de los sectores de electricidad y gas.

Puntualmente, una de las intenciones del bono es sacar del default a las empresas de servicio eléctrico (Edenor y Edesur) y apoyar el desembarco oficial sobre Metrogas. Obviamente, todo lo que se consiga por encima de esos u$s2.000 millones ayudará aún más a paliar la situación contable de las prestadoras, por ahora, sólo privadas.

Pero además Lorenzino dijo también que el dinero deberá alcanzar para algunas obras de infraestructura que hoy tienen financiamiento difícil por la falta de créditos externos y la imposibilidad de emitir deuda voluntaria, concluye Ambito Financiero este miércoles.