El Gobierno podría recaudar unos $17.000 millones si decide levantar la exención que goza la renta financiera por la cual no tiene que pagar el Impuesto a las Ganancias.

A esa cifra se llegaría si se gravara esta actividad con un 35%, al igual que pagan los asalariados de más ingresos, aunque los proyectos que tiene en carpeta el oficialismo estudian levantar sólo una parte del beneficio que tienen estos negocios, por lo que se gravaría entre 7% y 17,5 por ciento.

Según un cálculo de la consultora EGES difundido por el matutino BAE, si se aplicara una alícuota de 35% sobre las ganancias derivadas de la renta financiera se recaudaría un total de entre $12.000 y $17.000 millones por año.

“Este monto representa entre el 1,8% y el 2,5% de la recaudación total tributaria en el 2012, y sería más de la mitad de lo recaudado en concepto de impuestos a los combustibles (que en su conjunto en 2012 permitieron percibir $25.785 millones)”, señala el análisis, que agrega que con esa entrada de dinero se podría cubrir “entre el 22% y el 31% de los $55.564 millones de déficit financiero que acumuló el sector público nacional” durante el año pasado.

El cálculo de EGES surge de eliminar la exención de la que goza la actividad financiera por la cual no paga Ganancias.

El estudio estima que la recaudación del Impuesto a las Ganancias a las personas físicas por sus colocaciones en plazos fijos sería de unos $8.000 millones, que podrían ingresar otros $6.785 millones por el rendimiento de las acciones en el último año y que se podrían percibir unos $6.223 millones por títulos y otros instrumentos de deuda pública.

Sin embargo, la publicación advierte que “debe tenerse en cuenta que, a raíz de la entrada en vigencia de un impuesto de este tipo, seguramente se produciría una cierta relocalización de los recursos”.

El oficialismo tiene pensado enviar al Congreso un proyecto que grave al sector de la mano del diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde.

Esta iniciativa no dejaría exento el 100% de las ganancias derivadas de títulos, acciones y otras obligaciones, sino que mantendría el beneficio para una parte superior al 80 por ciento.

El 20% restante, con una alícuota similar a la máxima que paga la cuarta categoría (asalariados), dejaría una tasa indirecta de 7,7%, mientras que sólo quedarían exceptuadas la mitad de las operaciones de compraventa, lo que daría una alícuota indirecta de 17,5 por ciento.

Además, el diputado del mismo bloque Carlos Heller dijo que los montos menores a $100.000 anuales no serían alcanzados “para no afectar el ahorro familiar”.