Tras la polémica que levantó el acuerdo de YPF con Chevron para empezar a explotar el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, el Gobierno salió a defender la cláusula que le permitirá a la petrolera estadounidense disponer libremente de un 20% de las divisas que genere a partir del quinto año de actividad.

Ante las primeras quejas de empresas que no logran autorización para girar dividendos desde hace un año y medio, funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central advirtieron que sólo habilitarán a las compañías que hagan explícitos sus planes de inversión para los próximos años.

La idea oficial es perfeccionar el control de cambios y convertirlo en otra herramienta de negociación con las multinacionales que ya operan en el país y las que quieran desembarcar con nuevos emprendimientos.

El primer ensayo de la política de "dividendos administrados" se dio con las multinacionales de la megaminería, que ya fueron autorizadas este año a remitir a sus casas matrices parte de las ganancias generadas en el país.

Según Bae, el puñado de compañías que se reparten el negocio metalífero argentino lograron expatriar u$s7 millones por día hábil desde fines enero, cuando alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para hacerlo.

Si bien las multinacionales megamineras consiguieron sacar cerca de u$s600 millones del país gracias al acuerdo y acceder a ellos al precio oficial, sus ejecutivos igual protestan porque en 2012 exportaron por u$s5.300 millones y no pudieron remitir nada a sus accionistas extranjeros.

Ocurre que hasta octubre de 2011 ambos sectores -el minero y el petrolero- gozaban del privilegio de liquidar la totalidad de sus exportaciones en el exterior.

Ese mes, poco después de la reelección de Cristina Kirchner, el decreto 1.722 eliminó el beneficio y les restableció la obligación de pasar su dinero físico por el país y aguardar autorización para luego remitirlo a sus cuarteles generales, como hacen las empresas de los demás sectores.

Según el decreto 929/13 de la semana pasada, que sirvió como marco al convenio YPF-Chevron, las petroleras que operen en Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales volverán a acariciar el sueño de las "divisas de libre disponibilidad".

Pero según destacan fuentes de Economía y del Central, el hecho de que el privilegio sólo abarque al 20% de su producción y recién a partir del quinto año de explotación (de los 35 que tienen como tope esos convenios) da una pauta de lo que buscará el Gobierno al negociar con otras empresas, que el giro al exterior sea "ordenado" y a cuentagotas.

Para satisfacer el apetito de sus accionistas más ansiosos, muchas multinacionales apelaron durante 2012 a los giros vía "contado con liqui", que se concretan mediante la compra de títulos públicos en pesos en el país y su venta en divisas en mercados extranjeros.

Pero ese sistema arroja un tipo de cambio implícito muy superior al oficial, que la semana pasada rondó los 8,30 pesos.

Para un exportador que liquida los dólares de sus exportaciones al precio oficial y luego debe hacerse de otros nuevos a ese precio, el sistema opera como una suerte de nueva retención o impuesto, aunque la diferencia no vaya al fisco.

En Economía aseguran que las empresas que quieran evitar ese sobrecosto deberán sentarse a negociar su plan de inversiones futuro y presentar propuestas para ahorrar divisas sustituyendo importaciones de piezas o servicios que hasta ahora contrataron siempre en el exterior, como los fletes de las megamineras.

Cerca de Kicillof sostienen que es para "convertir el control de cambios en una herramienta de desarrollo". Sus críticos apuntan contra la discrecionalidad que otorga el sistema a los funcionarios de turno y la puerta que abre a eventuales episodios de corrupción.

El Banco Central, que recibe los pedidos de los bancos locales cada vez que una empresa intenta girar divisas al exterior, será el encargado de otorgar la venia formal en cada caso.