Después de años de permanecer en silencio, Alejandro Ríos, director titular de Paraguay 701 SA, la propietaria del local donde funcionaba la discoteca Junior, reclama al gobierno de la ciudad una indemnización por la expropiación del inmueble ubicado en Figueroa Alcorta y Basavilbaso, en Belgrano.

En el predio, de más de 3000 metros cuadrados, que se comenzó a demoler hace dos semanas por orden judicial, el gobierno porteño anunció la construcción de una plaza.

A mediados de julio, un fallo del juez en lo contencioso, administrativo y tributario Juan Gustavo Corvalán habilitó la demolición del inmueble.

En su decisión, el magistrado ordenó el allanamiento "con el propósito de garantizar la seguridad pública y resguardar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de eventuales moradores y transeúntes del predio". Según los vecinos, el lugar se había convertido en la morada de ladrones y vendedores de drogas.

En 2001, el gobierno de la ciudad ya había ordenado demoler el inmueble a través del decreto 130, pero una resolución posterior de la jueza Patricia López Vergara lo declaró "viciado de nulidad".

"No nos pueden avasallar de esta manera y hacer una demolición en feria judicial, sin notificarnos", expresó Ríos al diario La Nación.

Según manifestó Ríos, Paraguay 701 es propietaria del predio desde 1985. En 1996 se lo alquiló a Corporación Uno, cuya cabeza visible era el empresario David Jabib, quien a su vez montó la discoteca Junior.

El sitio era uno de los lugares preferidos de los políticos y la farándula en los años noventa y se hizo famoso por sus pistas y un acuario en el que, según testimonios de la época, se podían ver diversas variedades de peces exóticos.

Ríos sostiene que "Corporación Uno es el último eslabón de la cadena" y que "por cuestiones políticas fue fustigado, por ser tomado como un ícono del menemismo".

En 1999, el gobierno de la ciudad ordenó su clausura por falta de autorización e irregularidades en las obras. Según Ríos, a Corporación Uno, la empresa que explotó Junior, y cuyas reformas en el inmueble condujeron a la clausura, "sólo se le alquiló el local".

Previamente, en 1997, una ordenanza del entonces Concejo Deliberante de Buenos Aires ordenó el cambio de zonificación del área en la que se ubica el predio, que dejó de ser residencial para convertirse en "urbanización parque", es decir, de espacios verdes y uso público.

Desde entonces, Ríos afirma haberse visto perjudicado en su actividad comercial, al no poder usufructuar el inmueble, por lo que exige una indemnización o la expropiación del gobierno porteño.

"Hoy cobraríamos 130.000 pesos por mes de alquiler y no recibimos nada, y se nos sigue exigiendo el pago de ABL", detalló Ríos al citado matutino.

Ante la imposibilidad de explotarlo comercialmente, Paraguay 701 inició en 2010 una causa por expropiación inversa contra el gobierno de la Ciudad, exigencia que implicaría, además de la expropiación, el pago de una indemnización.

Ante la consulta del diario La Nación, voceros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, que dirige Diego Santilli, explicaron que desde esa cartera "se hizo todo el esfuerzo por recuperar el espacio por el pedido constante de los vecinos". La Procuración General, el organismo que representa a la Ciudad, sería el único en responder por la causa.

La procuradora general adjunta de la Ciudad, Alicia Arbol, por su parte, aclaró que todavía no habían sido notificados de la demanda, dado que el juez ordenó su traslado a fines de junio, antes de la feria judicial. Precisó, además, que en caso de que el derecho asista a los demandantes debe existir una ley aprobada en la Legislatura que declare el inmueble de uso público.

Según Luis Ramos, presidente de la inmobiliaria LJ Ramos, la cotización de un predio de 3200 metros cuadrados ubicado en la zona del barrio de River con destino residencial, donde se podría construir un inmueble de 5000 m2, rondaría los 4 millones de dólares..