La empresa distribuidora Litoral Gas quedó más involucrada en la investigación judicial de las causas de la tragedia de Rosario, que hasta ahora tiene dos detenidos.

Según fiscal Graciela Argüelles, que entiende en la causa, estaría comprobado que la compañía encargada del suministro en esa ciudad no atendió como debería haberlo hecho la emergencia provocada por el escape de gas antes de que se desatara el desastre.

Entretanto, el juez de la causa, Juan Carlos Curto, fue contundente: "Litoral Gas es un actor principal", aseveró el magistrado, con lo cual no descartó que la firma haya tenido parte de la responsabilidad del siniestro.

"El gasista (cuando resultó incontrolable el escape de gas en el inmueble de Salta 2141) intentó pedir colaboración porque no podía detener la pérdida. Llamó al 0800 de Litoral Gas y no fue atendido. Dice que llamó al 911 y tampoco (lo atendieron). Que por eso salió del inmueble a buscar ayuda en su vehículo", relató la fiscal.

De acuerdo al diario La Nación, la funcionaria judicial agregó que el gasista "asegura que a las pocas cuadras se encontró con una cuadrilla de Litoral Gas y le comentó lo que ocurría y lo que podría ocurrir más adelante. Sin embargo, no recibió respuesta. Eso estaría comprobado". Argüelles fue más allá al señalar que "Litoral Gas no capacitó convenientemente a los gasistas matriculados para atender emergencias como éstas y otras parecidas. La empresa no pudo dar respuesta a la emergencia".

Ante una consulta, la fiscal reconoció que "hay elementos que el juez secuestró en el lugar de la tragedia y que van a ser evaluados por los peritos, como el caso de la válvula (reguladora)", el presunto punto inicial del formidable escape de gas que provocó la explosión.

"Nos hemos dedicado a evaluar las medidas probatorias. Hemos recibido en las últimas horas un par de testimonios de personas que viven en la zona. La policía sigue trabajando con el apoyo de la Justicia", amplió la fiscal.

También prestaron declaración tres inspectores de Litoral Gas. "Dijeron que hace unas semanas concurrieron al inmueble y procedieron a interrumpir el suministro. Señalaron que volverían a habilitarlo si se realizaban las reparaciones. Cuando las mismas se realizaron, se pidió una nueva inspección y se restableció el servicio. El gasista entregó su celular para que pueda cotejarse con sus declaraciones", comentó Argüelles.

El juez, en tanto, admitió que hay documentos secuestrados el martes pasado en las oficinas de San Lorenzo y Mitre, que señalan que los vecinos de Salta 2141 efectuaron repetidos reclamos durante los veinte días previos al estallido, agregó el matutino.

Ante otra consulta, Argüelles anticipó que con la causa caratulada "estrago agravado", la fiscalía deberá dar opinión y "solicitará la pena máxima posible y efectiva", de algo más de tres años, como lo señala el Código Penal.

Acompañando al juez Curto, el fiscal Guillermo Camporini indicó que gracias a los peritajes se logró comprobar uno de los puntos de declaración del gasista Carlos García, actualmente detenido, como es la participación de Litoral Gas en el caso, indicó el diario La Nación.

Camporini advirtió que la causa es compleja porque hasta ahora existen responsabilidades civiles y penales que deben ser discriminadas para encontrar a los protagonistas de unas y otras.

Otro tema que se estima será motivo de consideración en las próximas horas es el seguro pedido que harán los abogados del gasista y su ayudante Pablo Miño, Hugo Buffarini y Paul Krupnik, para que ambos recuperen su libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa.

El que mayores posibilidades tiene de ser sobreseído es Miño, de quien Krupnik opinó "es el pibe de los mandados. Ni siquiera ingresó en el inmueble cuando García trabajaba, ya que se quedó a custodiar las herramientas. Y fue quien corrió de un lado para otro alertando que algo grave podría ocurrir", destacó el patrocinante.

El abogado argumentó que se trata de "un muchacho que es un changarín, con todo respeto. Está preso desde hace dos días y ninguna autoridad de Litoral Gas tuvo que ir al tribunal a explicar algunas cuestiones técnicas. Él se quedó allí y podía haber muerto también en esta tragedia, y el estar privado de su libertad es una circunstancia que agrava todo esto", añadió ante la consulta periodística.

La fiscal Argüelles recordó que la causa caratulada "estrago agravado por el número de víctimas" tiene una pena máxima de 5 años. A pesar de la falta de antecedentes, "vamos a solicitar una pena efectiva" de prisión, que debe ser de más de 3 años para su cumplimiento efectivo. A su criterio, "el ayudante estaría descomprometido y se podría proceder a otorgarle la libertad", especuló.

También opinó sobre la demanda civil que podrían plantear los damnificados. "Cada uno de ellos deberán manifestar su pretensión. También pueden presentarse como actores penales, más allá del reclamo civil. Eso puede ocurrir sólo después de obtener una condena", aclaró.