Mientras la Cámara de Diputados de Neuquén se encamina este miércoles a aprobar el convenio firmado entre YPF y Chevron para el desarrollo dos áreas de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, ya son tres los pedidos legales que exigen a la petrolera estatal revelar el acuerdo que selló con la gigante estadounidense para explorar el megayacimiento.

La jueza María Eugenia Grimau declaró admisible la solicitud de los diputados provinciales de la oposición Beatriz Kreitman, Manuel Fuertes, Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote acerca de la necesidad de dar a conocer públicamente el contenido del convenio que hoy se mantiene en secreto.

Aunque la magistrada no dio a lugar al pedido de suspensión de la sesión de este miércoles, donde se votará en forma general el acuerdo, sí exigió la divulgación del documento.

"No está previsto que sea un juez quien defina la conveniencia y oportunidad del tratamiento legislativo de un proyecto de ley", afirmó la magistrada, quien, de todos modos, concedió que el proceso por la vía judicial debe continuar hasta tanto sea conocido el pacto.

"Exigimos al Gobierno que nos envíe el contrato real entre YPF y Chevron, sin secretos, si es que se quiere el real aval legislativo. Si lo tiene, que lo entregue. Si no lo tiene o no lo conoce, que lo busque", señaló el diputado Manuel Fuertes en conferencia de prensa el martes.

Grimau aún no estableció el plazo que le concede al gobierno de Jorge Sapag para responder pero, según le indicaron fuentes de la Legislatura a Clarín, es muy probable que en las próximas horas solicite que la documentación aparezca sobre su escritorio.

La presentación de los legisladores se convierte, de esta manera, en el tercero que pretende hacer público el misterioso contrato, cuestionado fundamentalmente por sectores ambientalistas.

Justo el miércoles se cumplen los diez días hábiles que otorgó la jueza federal Liliana Heiland para que el gobierno nacional entregue una copia del polémico convenio petrolero en el marco de una ampliación de demanda por parte de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol.

Sumado a esta demanda, la candidata a senadora nacional por UNEN, Fernanda Reyes, hace una semana presentó un amparo judicial para que la Secretaría de Energía informe sobre el pacto. Desde el frente liderado por Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió consideran que el convenio de YPF y Chevron viola la “Ley Nacional de Hidrocarburos” y denuncian que significa una entrega de “todos los recursos”.

En tanto, en la petrolera estatal dirigida por el Miguel Galuccio insisten en la confidencialidad del contrato, por tratarse de un pacto “entre privados”.