Los abogados que representan a la Argentina en el juicio por los fondos buitre pedirán este viernes que se revise el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que favoreció a los holdouts, cuando confirmó la sentencia del juez de primera intancia, Thomas Griesa, quien estableció que el país debía pagarle a los bonistas que no entraron al canje el 100% de la deuda en default, unos u$s1.330 millones.

Una decisión que se mantiene suspendida a la espera de que la Corte Suprema defina si acepta o no tratar el caso argentino.

El Ministerio de Economía tienen previsto aprovechar cada una de las instancias procesales que contempla la Justicia norteamericana, más allá de que, de antemano, los especialistas privados advierten que el país tiene muy pocas probabilidades de éxito. Es que la Casa Rosada, ahora busca ganar tiempo.

Argentina también podrá presentarse a la Cámara de Apelaciones para que revise el fallo "en banc", esto es, después de que todos los miembros que componen el tribunal de segunda instancia den su opinión sobre el caso.

Según los pasos procesales de la legislación norteamericana, una vez que la Cámara niegue la revisión "en banc" o en pleno, la Argentina luego tendrá 90 días para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Se estima que este paso podría darse recién a fines de diciembre o incluso a comienzos del año próximo, ya que la Cámara de Apelaciones no tiene un plazo definido para dar una respuesta en cuanto a la revisión en pleno.

"Es posible que el Gobierno tenga plazo incluso hasta 2015", aventura Anna Gelpern, profesora de la American University Washington College of Law, que viene siguiendo de cerca el caso argentino. "Porque la Corte Suprema no decide en el mismo instante de la apelación, sino que hay más partes involucradas. Todo el proceso puede llevar tiempo", dijo al diario La Nación.

De acuerdo con el estudio Shearman Sterling, con base en Nueva York, los holdout s tendrían un plazo de 30 días desde que la Argentina se presente ante la Corte Suprema, para presentar su escrito en oposición. Luego, el gobierno argentino tiene otros 14 días para dar su respuesta y nuevamente presentar argumentos en favor. La Corte Suprema finalmente se toma un plazo para dar su fallo definitivo.

"Creo que cualquier apelación en el Segundo Circuito va a fracasar", advirtió, no obstante, Gelpern. "Lo de la Corte Suprema es improbable también, pero en esta instancia hay más factores en juego y es difícil anticipar a ciencia cierta qué puede suceder", aclaró.

Para Gelpern, la estrategia de la Argentina de ofrecerles a los tenedores de títulos con legislación internacional la posibilidad de cambiar sus bonos por otros de ley argentina (y que pueden así quedar fuera de posibles embargos de la justicia norteamericana) es "monumentalmente arriesgada", ya que podría acelerar los tiempos de la Corte Suprema.

"Más allá de que implementen esta operación hoy o en el futuro, es un tecnicismo. Parecieran estar diciendo que, cualquiera sea lo que la Corte decida, no lo van a aceptar, al mismo tiempo que le están pidiendo a la Corte que les dé más tiempo", ilustra Gelpern.

La agencia estatal Télam confirmó que, en realidad, el canje de bonos reestructurados de ley extranjera por ley argentina no se implementaría inmediatamente, sino que se resolvería a posteriori de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto de si acepta o no tomar la apelación efectuada por la Argentina.