El equipo económico está trabajando en el pago de los casos con sentencia en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La Argentina estaba incumpliendo fallos de este tribunal del Banco Mundial, lo que a su vez reforzaba a calificación de "deudor recalcitrante" del país, que utilizara hace dos semanas la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El anuncio del pago de las sentencias del CIADI sería esencial para lograr el apoyo del Gobierno norteamericano en una presentación ante la Corte Suprema de ese país, indicó Ámbito Financiero.

El pago se haría con bonos y se estaría trabajando en la estructura de esos papeles.

En diciembre ya había llegado a ese tribunal la demanda contra la Argentina por parte de Repsol tras la expropiación de sus acciones en YPF. Reclamó u$s10.500 millones y ya entonces el CIADI acumulaba causas por u$s21.000 millones. Pero, por lo que habitualmente dura un juicio en este tribunal, tomaría siete años más una resolución judicial por el caso YPF, remarcó dicho matutino.

Lo principal para la Argentina pasa por las sentencias obtenidas por las empresas Azurix y Blue Ridge, que reclaman u$s300 millones más los intereses. La primera de ellas poseía el servicio de cloacas y agua potable en la provincia de Buenos Aires, mientras que la segunda, a través de CMS Energy, era accionista de Transportadora de Gas del Norte. El año 2001 fue fatal también para esas empresas, a las cuales se les rescindió el contrato al año siguiente. A partir de allí comenzó el largo sendero del CIADI.

La Argentina venía incumpliendo los pagos dado que esperaba que esas demandas se trasladaran al país para iniciar el proceso de cobro.

El Gobierno norteamericano reaccionó ante estas demoras el año pasado con la suspensión a la Argentina del régimen de preferencias arancelarias para las compras que hacía al país.

También sus representantes en el Banco Mundial, FMI y en el Banco Interamericano de Desarrollo votaron contra cualquier iniciativa a favor de la Argentina, incluidos los desembolsos de créditos. Una cuestión planteada por el país era que los juicios de esas empresas habían sido vendidos a fondos de inversión. Es decir, las empresas ya no eran más los tenedores de las demandas, sino fondos, con los que se debe negociar ante el CIADI.

En el caso argentino, no servía demasiado el abandono de esos tribunales (como Venezuela) porque las causas en marcha seguirían su curso más allá del abandono.

De acuerdo a Ámbito Financiero, sí estuvo en estudio dar por finalizados acuerdos bilaterales que daban seguridad a inversiones. Pero de nuevo, no se lograban beneficios relevantes, y del otro lado se asumían más costos no sólo diplomáticos.