Tras más de 10 horas de sesión y con el apoyo del radicalismo, el PRO, el peronismo opositor y el flamante bloque del massismo, el Gobierno convitió en ley la reapertura del canje de deuda.

Sin modificaciones, el proyecto de la Casa Rosada obtuvo 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados.

La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a "llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos en estado de diferimiento de pago", que en la práctica significaría la tercera reapertura en ocho años del canje de deuda.

Se suspende, así, la denominada "Ley Cerrojo" y habilitar de nuevo, en las condiciones de 2005 y 2010, el canje de bonos anteriores al 2001 y sumar así al 7% de los tenedores de títulos que rechazaron las referidas reestructuraciones.

El jefe de los diputados de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, defendió en nombre del kirchnerismo el proyecto del Ejecutivo que habilita una tercera reestructuración del canje de la deuda externa, en el marco del litigio con los fondos buitres en Estados Unidos.

Heller abrió la discusión en la Cámara baja al asegurar que la propuesta de la Casa Rosada es la "afirmación de la soberanía, la defensa del interés nacional y el trato justo y equitativo hacia los acreedores", informó Parlamentario.com.

En relación al litigio con los fondos buitres, el titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados sostuvo que "Argentina es objeto de despiadados comentarios judiciales por parte de los fondos buitres".

A su entender, el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, "desconoce el principio de inmunidad soberano y sobre la base de una interpretación inédita obliga a nuestro país al pago total y en efectivo (de la deduda) de los fondos buitres".

"Un fallo que de sostenerse en futuras instancias (judiciales) tendrá repercusiones negativas sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional", advirtió Heller, tras citar declaraciones del premio nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Asimismo, el miembro informante del oficialismo sostuvo que "no se puede admitir que un puñado (de acreedores) se imponga sobre la voluntad soberana de un país", que tiene "voluntad de pago".

En este sentido afirmó que las reprogramación del canje de la deuda con los fondos buitres debería ser de manera tal que permita seguir creciendo al país, "porque los muertos no pagan", en alusión a que si la Argentina entra en default no podrá cancelar su deuda.

Heller también subrayó que la política de desendeudamiento iniciada por Néstor Kirchner en 2003 es hoy una "causa nacional que tiene que encontrarnos unidos más allá de las diferencias partidarias".

No obstante, el legislador porteño sostuvo que "desde distintos sectores de la oposición se ha criticado fuertemente y no siempre lealmente la estrategia del Gobierno nacional que se sustenta en la políticas sancionadas por este Congreso", en alusión a los canjes de 2005 y 2010.

Por su parte, el diputado Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, denunció que pese a las reestructuraciones de deuda "seguimos enjuiciados y clandestinos por el mundo" y consideró que el fallo del juez Griesa era "absolutamente esperable", informó Parlamentario.com.

El legislador precisó que "seguimos teniendo u$s220.000 millones de deuda pública" y sostuvo que "la reestructuración va allanando el camino para el retorno al mercado de capitales para volver a tomar deuda".

Desde la Coalición Cívica-ARI, Alfonso Prat Gay reconoció en la sesión de este miércoles que no se opone a la reapertura del canje de deuda, pero arremetió contra la política de desendeudamiento encarada por el kirchnerismo, a la que consideró un "fracaso rotundo".

"No nos oponemos a la reapertura del canje si le sirve al Gobierno", admitió Prat Gay, aunque consideró que tanto en 2005 como en 2010 hubo "una mala estrategia de negociación".

En un recinto con escasos diputados, el ex titular del Banco Central indicó que "la propia Cristina Kirchner denominó a la Argentina como 'pagadores seriales', y vaya si lo fuimos".

"Cuando asumió Néstor Kirchner debíamos u$s152.000 millones, y la Presidenta dijo que pagamos u$s170.000 millones, pero debemos u$s200.000 millones", explicó.

Así, sostuvo que "nosotros somos los estúpidos que en la práctica pagamos todo lo que debíamos y seguimos debiendo aún más de lo que debíamos en un principio" y agregó que "así y todo, los 'fondos buitre' consiguen fallos que nos exigen pagar aún más".

Por eso, opinó que "el canje no se puede reabrir en los términos en que se hizo en 2005 y 2010" y, por otra parte, consideró "inaceptable derogar la Ley Cerrojo", tal como reclamaron otros diputados de la oposición.

El miembro informante del radicalismo, Enrique Vaquié, había adelantado que su bloque acompañará el proyecto de la Casa Rosada que habilita la apertura del canje de la deuda externa, porque "es una política de Estado, porque tiene que ver con este y los futuros gobiernos y sobre todo con el pueblo argentino".

Sin embargo Vaquié no ahorró críticas al Ejecutivo y reclamó la derogación de la Ley Cerrojo, la norma que prohíbe reestructuraciones del canje de la deuda pública externa a fin de generar confianza de pago entre los acreedores externos.