Siete personas, entre ellos dos funcionarios de la ANSES, acusadas de cometer más de 77.000 estafas contra jubilados y pensionados por un total de más de $4 millones afrontarán un juicio oral y público en el que podrían ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel.

Se trata del caso de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ferromar Limitada, cuyos responsables fueron procesados en primera instancia por la jueza María Servini de Cubría y por la Cámara Federan el segunda, al igual que dos funcionarios de la ANSES.

Los integrantes de la cooperativa fueron procesados por "estafas reiteradas en 77.478 hechos, los que concurren en forma real entre sí e idealmente con 29 hechos de adulteración de documento privado", en tanto que los integrantes de la ANSES fueron acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La cooperativa conseguía descontar entre $1,70 y $2,10 por cada uno de los jubilados, pensionados (entre ellos ex combatientes de las Islas Malvinas) por un rubro que sólo aparecía identificado con un código en los recibos.

La querella, a cargo de la pensionada Martha De la Fuente, pidió la elevación de la causa a juicio oral y público de los procesados, identificados como Julio Alberto Garialde, María Verónica GArialde, Epifania Luisa López, Luis Martín Cariati y María Ester Rodríguez, todos ellos presuntamente vinculados con la cooperativa Ferromar Ltda, y de Isabel María Lovrincevich y Mariano Martín Casabella, ex funcionarios de ANSES.

"Las conductas de los imputados deben ser destinatarias del más absoluto repudio de la sociedad, si para ello tenemos en cuenta que sus víctimas son en su totalidad personas vulnerables por razón de su edad y precaria economía, que en modo alguno merecen ser objeto de un accionar tan indigno como el desplegado por los aquí justiciados. Sólo pretendo que se haga Justicia", expresó De la Fuente en su pedido de elevación a juicio oral.

"Se encuentra debidamente acreditada la materialidad ilícita de los hechos y asimismo demostrada la responsabilidad que respecto de ellos cabe enrostrar", sostiene el pedido de elevación a juicio, de una veintena de páginas, al que tuvo acceso DyN.

Según el documento, la causa se inició el 22 de febrero de 2006 y la estafa en perjuicio de los jubilados trepó a 4.375.502,96 pesos.

"Las conductas atribuidas a los co-procesados (de la Cooperativa) resultan constitutivas del delito de estafa, reiterado en 77.478 oportunidades en calidad de coautores, el que concurre idealmente para dos de ellos con el delito de adulteración de documento privado reiterado en 29 oportunidades", ya que falsificaron fichas para justificar una presunta afiliación voluntaria.